El plan del Gobierno para despedir a 5.000 servidores públicos –que fue postergado para este mes– enfrenta dos problemas: aún no tiene una fuente de financiamiento segura y está cuestionado por los trabajadores, que amenazan con una paralización.

El ministro de Economía, Mauricio Yépez, anunció en diciembre pasado que el costo de las indemnizaciones suma $ 100 millones y que para cubrir esa cantidad existe un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fuentes del organismo internacional, sin embargo, explicaron que el proyecto aún no está “ni entre los préstamos aprobados ni entre los propuestos (por el Gobierno)”. La prueba está, dicen, en el Programa Operativo de Préstamos, elaborado para el periodo comprendido entre mayo del 2004 y mayo del 2005 y actualizado al 31 de enero último, en el que solo constan 10 programas para otros tipos de planes.

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Yépez aseguró que el crédito llegará al país a mediados de este año y dijo que los trámites están en marcha. A inicios de año, no obstante, indicó que su opción para conseguir recursos inmediatos era la emisión de Certificados de Tesorería (deuda) por $ 100 millones, en enero, alternativa que tampoco se concretó.

Ramiro Espín, titular de la Secretaría de Remuneraciones, expresó que el Ministerio de Economía dará los fondos y que su tarea es llevar “un proceso de desenrolamiento con parámetros técnicos”.

Según el presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, las listas de los funcionarios que serán despedidos fueron elaboradas sin la evaluación previa. Mañana, los servidores se reunirán para decidir las movilizaciones de esta semana.