ABC para quienes buscan legalizar su trabajo en España

En el mayor proceso de regularización que realiza España, los extranjeros que reúnan una serie de requisitos obtendrán un permiso de residencia y trabajo por un año renovable, y la obligación de pagar impuestos.

En el proceso de regularización de inmigrantes que se lleva a cabo en España, los empleadores y empleados adquieren un vínculo laboral, que si el patrono termina debe ir acompañado por una indemnización, señalaron especialistas españoles en extranjería.

La fase de regularización, que se inició el lunes pasado y durará hasta el próximo 7 de mayo, contempla una serie de requisitos, pasos legales y obligaciones que deben cumplir los beneficiarios.

Hoy, este Diario presenta un esquema detallado del proceso, cuyos trámites se realizan en España, pero involucran a familiares de los migrantes en Ecuador, quienes pugnan por conseguir el récord policial, un requisito obligatorio.

El proceso y los requisitos

El proceso de regularización, que se desarrolla desde el pasado lunes al 7 de mayo próximo, permitirá que alrededor de 800.000 extranjeros residentes en España legalicen su situación laboral.

Los requisitos son: copia y original del pasaporte, certificado que acredite su empadronamiento en España antes del 8 de agosto de 1994, certificado de antecedentes penales, contrato de trabajo, documento de inscripción de la empresa en la Seguridad Social.

Pueden solicitar la regularización solamente los empresarios o empleadores que deseen contratar trabajadores extranjeros.

Pueden solicitar su propia regularización solo los trabajadores extranjeros que vayan a desarrollar su actividad en el ámbito del servicio doméstico, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un titular de hogar de familia. A ellos se los denomina trabajadores discontinuos.

Si se acepta la solicitud del empleador o del propio trabajador discontinuo lo que obtiene el inmigrante es una autorización de residencia y trabajo por un año contado a partir de que se produzca la afiliación del trabajador en la Seguridad Social.

Al mes siguiente a la entrada en vigor de la autorización de trabajo y residencia, el trabajador extranjero tendrá que solicitar su tarjeta de identidad de extranjero.

Las otras vías de legalización

Para quienes no cumplan los requisitos para entrar en el proceso de regularización en España, se presentan dos vías para solicitar un permiso de residencia y trabajo.

Una alternativa es la de arraigo, que se subdivide en arraigo laboral y general. En el  arraigo laboral el extranjero deberá demostrar que ha permanecido dos años en España y que ha trabajado al menos un año. Incluso un empleado sin documentos puede demostrarlo denunciando a la empresa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

De solicitar el arraigo general el inmigrante deberá justificar que ha permanecido 3 años en España, que tiene una oferta de trabajo, que posee vínculos familiares con un ciudadano español. (Puede ser esposa o hijo nacido en territorio español). El ayuntamiento de la ciudad realizará un informe comprobando los datos. Además, el interesado debe estar familiarizado con la cultura española.

En el permiso de circunstancias excepcionales el extranjero indocumentado justificará que no puede regresar a su país de origen por conflicto bélico. Este caso no se aplica a los ecuatorianos. Dentro de este permiso se incluyen los siguientes casos: por tratamiento médico, es decir que está recibiendo un tratamiento especial, por lo que el solicitante recibe un permiso de estadía de un año; por ser víctima de delitos racistas  y por casos de violencia doméstica.

Inspecciones y sanciones

El contrato de trabajo que se presente, firmado por empleador y trabajador, debe ser por seis meses mínimo. 

En la construcción y la hotelería los contratos serán de seis meses aunque  discontinuos en un año; en la agricultura serán de tres meses y en el  servicio doméstico deberán acreditar 30 horas semanales.

El compromiso de la administración española es que cada expediente tenga un tiempo máximo de evaluación de tres meses, por tanto el proceso global acabará a fines de agosto.

Son las Oficinas y Unidades de Extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones del gobierno español las que resuelven. 

Para evitar supuestos fraudes se examinará  detenidamente la fiabilidad y solvencia de la empresa y la documentación del  inmigrante.

Una vez transcurrido el proceso para normalizar la situación de los inmigrantes ilegales, comenzará a operar una unidad especial de Inspección de Trabajo que sancionará si los empresarios o empleadores siguen dando empleo a inmigrantes ilegales, con multas de hasta 60.000 euros (78.000 dólares).  

Terminado el proceso, quienes no hayan regularizado su situación serán deportados, dijo   Consuelo Rumí, secretaria de Inmigración y Emigración del gobierno español.