La regularización de inmigrantes iniciada por España ha provocado la reacción de Bruselas, que quiere un sistema de alerta previa de este tipo de planes ya que considera que pueden constituir “una forma de incitación a la inmigración clandestina”.

Aunque se estudiaba desde hace tiempo cómo hacer más transparentes los procesos relacionados con los inmigrantes, las críticas vertidas por Alemania y Holanda contra la forma en la que España ha puesto en marcha la regularización de ilegales han acelerado la cuestión.

Tras las críticas la Comisión Europea y la presidencia luxemburguesa de turno de la UE  decidieron elaborar la propuesta de establecer un sistema para que los países de la Unión Europea (UE), que son 25, se avisen  previamente de eventuales procesos de regularización de inmigrantes.

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Para el efecto se ha enviado una carta a los miembros del Consejo de Justicia e Interior de la UE para que este tema sea discutido en su próxima reunión, el 24 de febrero.

“Hay que evitar situaciones que pueden afectarnos a todos y coordinar mejor  nuestras acciones en este terreno”, declaró recientemente el ministro de  Interior de Alemania, Otto Schily. 

España abrió esta semana y durante tres meses un plazo para regularizar a  los indocumentados que tengan contrato de trabajo, lo que puede concernir hasta  a un millón de personas.

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El portavoz europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Friso Roscam, dijo que “dada la importancia y el tamaño” del proceso español, “puede ser más evidente que otras campañas de regularización”.   Agregó sin embargo, refiriéndose a ese proceso, que  “vemos ventajas en este tipo de campañas de regularización, porque permiten salir a los clandestinos de la marginación, pero al mismo tiempo pueden producir inconvenientes para otros estados miembros”.

“No hay que olvidar”, indicó Roscam, que hay una directiva sobre residencia a largo plazo que dice que cuando un inmigrante vive cinco años legalmente, luego puede desplazarse libremente en  la UE.

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El debate en muchas naciones de la UE está impulsado por los temores públicos de que Europa se vea inundada por falsos buscadores de asilo y que los trabajadores inmigrantes copen los puestos de trabajo, pese a la gran caída en el número de refugiados y el freno a la migración legal en la UE.

La carta recuerda que el programa de La Haya, que marca las políticas de Justicia e Interior de la UE para los próximos años, señala que los Veinticinco deben contar con un “enfoque global que cubra todas las etapas del proceso de inmigración teniendo en cuenta sus causas profundas y las políticas de entrada, admisión, integración y repatriación, si es necesario”.

La misiva también resalta que la principal característica del espacio de libertad, seguridad y justicia que quiere completar la UE es la abolición de controles en las fronteras y la libertad de circulación de las personas, lo que hace que las cuestiones sobre inmigración “sean de interés común”, aun respetando las competencias nacionales.

La iniciativa española ha enojado a socios comunitarios como Holanda y Alemania, porque una vez que los inmigrantes ilegales consiguen la documentación, tienen el derecho de desplazarse sin restricciones a otros países del bloque. 
  
Al respecto, el embajador de Ecuador en España,  Francisco Carrión, manifestó  que su percepción es que no se va a dar ese tipo de desplazamientos por Europa con los ecuatorianos, porque por razones de idioma y cultura prefieren España. 

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