La notificación que fue realizada por el organismo el 4 de febrero pasado, a la Cancillería, según confirmó el subsecretario jurídico de la Presidencia, Carlos Larrea, da respuesta a la querella que el 17 de diciembre del 2004 interpusieron ante la OEA, 28 de los 31 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron cesados en sus cargos por el Congreso hace dos meses.

Larrea dice que como presidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez es  quien debe responder personalmente o nombrar a un representante (que puede ser el Canciller o el Embajador de Ecuador ante la OEA, según Peñaherrera), para que acuda a la audiencia, y que deberá actuar junto con el procurador del Estado, José María Borja.

La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fundamenta en otras quejas interpuestas por la Comisión Andina de Juristas y por la Cámara de Comercio de Quito, que impugnaron la designación de los actuales miembros de la CSJ.  Larrea indicó que la respuesta del Estado sustentará la legalidad de la designación de los magistrados y la imparcialidad del Gobierno en ese proceso.

Publicidad