El presidente de la República, Lucio Gutiérrez, designará a un representante para que explique la situación jurídica del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el próximo 4 de marzo.

Según un reporte de Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), el Estado deberá comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, instancia adjunta a la Organización de Estados Americanos), para responder por presuntas violaciones al marco jurídico vigente en el país.

Carlos Larrea, asesor jurídico de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo recibió a través de la Cancillería la notificación de la CIDH y por ello el Primer Mandatario designará en las próximas horas a un representante.

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Larrea recordó que el Congreso Nacional es el organismo que tiene la facultad de interpretar la Constitución y por ello resolvió la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los tribunales Supremo Electoral (TSE) y Constitucional (TC).

Esta diligencia se cumplirá en Washington, Estados Unidos, como primer paso a la demanda interpuesta por Blasco Peñaherrera, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador.

La notificación que fue realizada por el organismo el 4 de febrero pasado, a la Cancillería, según confirmó Larrea, da respuesta a la querella que el 17 de diciembre del 2004 interpusieron ante la OEA, 28 de los 31 ex magistrados de la CSJ que fueron cesados en sus cargos por el Congreso hace dos meses.

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La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fundamenta en otras quejas interpuestas por la Comisión Andina de Juristas y por la Cámara de Comercio de Quito, que impugnaron la designación de los actuales miembros de la Corte. Larrea indicó que la respuesta del Estado sustentará la legalidad de la designación de los magistrados y la imparcialidad del Gobierno en ese proceso. 

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda, indicó que no conoce sobre abuso de poder en el país, porque “el Gobierno es totalmente constituido por bases jurídicas y sólidas que van de acuerdo con la democracia”.