Las presuntas irregularidades de esta contratación se encuentran desde mediados de diciembre del 2004 en el Juzgado Penal Militar de la I Zona Naval, pero aún no se inicia el proceso. La denuncia la remitió el jefe de Estado Mayor de la Marina, vicealmirante Manuel Zapater, y fue realizada por el teniente de Navío Roberto Castro.

Castro certificó, con un memorando del 11 de diciembre, que el 12 de noviembre del 2004 fue nombrado para integrar una comisión financiera junto con el teniente de Navío Rafael Valverde. La Comisión debía analizar el precio y las garantías de tres cotizaciones de casas comerciales que se habían presentado para la remodelación de las oficinas del Comando, cuyos trabajos, a esa fecha, ya estaban terminados, aunque las cotizaciones tenían la fecha del 24 y 25 de agosto.

Pese a ello, el análisis se debía efectuar para legalizar el trámite y cancelar un saldo pendiente a Disconsa.

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El informe se elaboró el mismo 12 de noviembre; no obstante, se le puso fecha del 31 de agosto por disposición del entonces comandante de Operaciones Navales, contralmirante Héctor Coba.

Por ello, el 15 de diciembre del 2004, Zapater pidió el inicio de las acciones legales. Cinco días después, el 20 de diciembre, Coba fue ascendido a vicealmirante por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.