Los estados se encuentran cada vez más interesados en utilizar mejor sus estrategias para enfrentar a las nuevas amenazas a la seguridad o en crear nuevos instrumentos legales para hacerlo.

Con este propósito se realiza la I Conferencia Internacional Antiterrorista, que reúne a expertos de cincuenta países en Riad, Arabia Saudita.

El dilema que enfrentan, se puede advertir, es cómo asegurar el bienestar general, en un ambiente amenazado por el terrorismo, con respeto a la ley y preservando al mismo tiempo los derechos individuales de las personas.

La visión diferente que poseen los países, acerca del terrorismo y que fundamentalmente radica en la legalidad y motivación política de la violencia, fue superada por la enorme preocupación que representa la globalización y profesionalización de las redes terroristas. Su vinculación cada vez más profunda con el crimen organizado transnacional, el incremento de sus posibilidades con armas modernas, sofisticados medios de comunicación, de transporte o simplemente de la tecnología civil que puede ser utilizada con fines criminales.

Los estados, al dejar de ser geográficamente distantes, corren el riesgo de que las personas y su territorio sean fácilmente involucrados en el terrorismo internacional. Por esta razón, antes que ponerse de acuerdo en cómo perseguir directamente a los miembros de las redes terroristas, han coincidido en fortalecer la aplicación de la ley y el derecho internacional.

El hecho cierto de que el terrorismo tenga raíces profundas en el lavado de dinero, tráfico ilegal de droga y el contrabando de armas ha permitido a los países celebrar convenios en el ámbito de la ONU, de la OEA y de las organizaciones subregionales. Sin embargo, todas ellas no pasan de declaraciones consensuadas que, al reconocer como premisa el respeto a la soberanía y la norma legal de los respectivos países, se coarta toda oportunidad de afrontar con efectividad las iniciativas propuestas para enfrentar a las amenazas transnacionales que atentan contra la seguridad común.

La reunión de Riad, por consiguiente, corre el mismo riesgo que la resolución 1373 de la ONU, que la Convención Internacional contra el Terrorismo (Cicte) de la OEA y que la resolución 587 de la CAN, si  no se tiene una determinación que articule el trabajo coordinado del Ministerio Público, con la acción efectiva de la Policía, Migración, Aduanas y de las Fuerzas Armadas en su misión de protección de fronteras.

El nexo que vincula a todas las instituciones en sus respectivas misiones es la inteligencia, a la cual por el tipo de agentes que utiliza se la denomina Inteligencia Humana.

No obstante, la inteligencia, a pesar de ser la mejor arma para enfrentar a este tipo de amenazas, poco podrá hacer si no funcionan en comunidad todos los órganos de seguridad del Estado.

Poco podrá hacer la inteligencia humana, si está absorbida por la política interna, investigando atentados sin ningún resultado. Y peor aún si los gastos reservados que deben ser utilizados para las tareas de la inteligencia, tienen destinos políticos.

Sin una voluntad política que haga efectivos los compromisos internacionales, seguirán existiendo muchas reuniones internacionales, que lo único que lograrán al final es reducir la confiabilidad en los organismos internacionales, porque los estados sienten que no están en condiciones de ceder algo de su soberanía en beneficio de la libertad y la seguridad común.

Mientras este axioma mantenga vitalidad, las redes terroristas globales y el crimen organizado transnacional mantendrán la iniciativa, porque han vencido la distancia geográfica y la jurisdicción estatal a la que pertenecen las poblaciones de esta “aldea global”.