Una de las sugerencias más acertadas  para una mejor solución a la crisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la que propone que un tribunal de la más elevada categoría reciba las carpetas de los abogados interesados en desempeñar tan altas funciones.

En riguroso examen, ese tribunal  calificará las carpetas y seleccionará a cincuenta profesionales.  Esos cincuenta nombres se introducirían en un ánfora y públicamente en el Congreso se sacarían los 31, 22 o 16 nombres que integrarían la Corte Suprema. Así, la designación no se debería a ningún partido político y los elegidos por la suerte no tendrían compromisos políticos.

Aceptar que los magistrados sean elegidos en votación popular es un absurdo, pues solo los abogados más ricos podrían sufragar los gastos de una campaña electoral, o los vinculados a un partido político buscarían su auspicio, y no siempre se elegiría a los mejores. O aceptar que la elección se haga previa designación de colegios electorales integrados por gremios y más grupos de la sociedad civil, donde priman tendencias políticas, no satisfaría la aspiración de despolitizar la justicia.

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Por último, pese a la buena intención que puede tener la sugerencia, me parece un despropósito que se pretenda que un organismo de otro país venga a eligir a los magistrados de la CSJ,  que siempre tendrá tinte político si proviene de España, como alguien sugiere, o de Venezuela, Estados Unidos...

Antes que nada, debe dictarse una nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, en la que se determine el número de salas y de ministros de la Corte Suprema y los requisitos para ser magistrado. No debe haber límite de edad, pues hay jóvenes capaces. La disposición que debe establecerse en la ley para lograr la mejor administración de justicia, es la auditoría anual de trabajo, en cantidad y calidad, a cada magistrado y juez, para determinar si cumple o no sus funciones.

Dr. Rubén Darío Bravo Moreno
Guayaquil

La vergüenza de algunos magistrados se ha perdido. Esta vergüenza ha sido siempre la señal de la existencia de la moral, porque a partir de ella se reconocen los errores, se procede al cambio y se corrige.

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La vergüenza es hoy un sentimiento desconocido por algunos servidores públicos entre ellos algunos de la Corte Suprema de Justicia, quienes no se han dado cuenta que la justicia de Dios es la que los ha expulsado a algunos de ese sillón que erróneamente ocupaban, pues no se dedicaron a hacer justicia, sino a favorecer a sus amigos y allegados.

La ley no puede sustentarse solo en el vano papel que expide el poder. De nada sirve la autoridad y la ley si tras ellas no está la autoridad moral de las magistraturas de jueces, porque en el momento en que se rompa esa moral, se rompe la ley y lo que ella implica.

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Es por todo lo expuesto que solicito a ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia que sientan un poco de vergüenza y dejen de reclamar espacios de poder, que perdieron por sus actuaciones. No podemos saber si los que los han reemplazado son buenos o malos funcionarios de la justicia, pero sí estamos seguros que nada hay oculto para Dios, el verdadero Juez.

Dr. Édgar Ontaneda
Santo Domingo

En los últimos meses y días, más insistentes aún, vemos cómo se debate, no la legalidad de los argumentos constitucionales, sino la habilidad para convencer en cada opinión jurídica de quienes estamos expuestos, por ser reconocidos como eminencias en el campo jurídico, pero no son más que oportunistas de quienes su inteligencia no aporta en beneficio de la sociedad.

Es imposible creer que un cargo público sea vitalicio, porque a la edad de 65 años para cualquier ciudadano común es sinónimo de jubilación, sin embargo, nuestros jueces y un pequeño sector político lo interpretan de otra manera.  Se supone que la vigencia de las leyes descansa en la experiencia de los juristas más destacados, quienes muchos de ellos han sido asesores de legisladores y diputados sin experiencia, entonces, ¿por qué no tenemos buenas leyes? ¿Por qué ahora se dan cuenta que existe cierto vacío luego de la Asamblea Constituyente?

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Eco. Jorge Morales T.
Guayaquil