Resulta evidente que a la problemática de la designación de los nuevos ministros de la CSJ se le ha dado lecturas diferentes: la que hacen los comprometidos con los ministros jueces destituidos, y con la corrupción judicial que por años nos lleva a que se nos considere los más corruptos, quienes intentan reclamar la ilegalidad con la que se ha procedido; pero, detrás de eso, con el fin de que vuelvan a la Corte los defenestrados.

Para dicho objeto apoyan cualquier acción que en ese sentido hacen grupos activistas, la mayoría con fuertes lazos que los ligan a dichos ex jueces; la que hacen muchos de los llamados constitucionalistas, y otros que hacen opinión pública que alegan la ilegalidad cometida por los diputados, pero hasta ahora no hablan de alguna fórmula con la que se hubiere llegado a dicho cambio.

Negar esa realidad es una tomadura de pelo, como lo es que ahora reclamen de ilegalidad, cuando guardaron cómplice silencio al momento en que eligieron ilegalmente a varios ministros jueces de la Corte de 1997, lo cual les quita calidad moral para hacerlo.

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Y, por último, la lectura que hacemos los ciudadanos libres, víctimas y observadores de la injusticia generada por jueces inmorales, y que solo entendemos que hay que agradecer lo sucedido porque nos permite ahora –si se actúa con inteligencia– contar con la posibilidad de inaugurar una verdadera administración de justicia, con gente que no pertenezca a los grupos que ahora se pelean por manipular la justicia.

En vez de seguir el juego a los propietarios y ex propietarios de la administración de justicia, deberíamos elaborar y apoyar un plan para que la consulta popular tenga como objetivo una Corte libre de compromisos políticos, y no sea utilizada como instrumento de venganza, solo posible con la elección de hombres probos, y exigir las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, al Código de Procedimiento Civil y al Código Penal, para que no se conculquen nuestros derechos a enjuiciar a jueces corruptos, sin que prescriban dichas acciones y por un órgano apolítico popular que revise las actuaciones en última instancia.

Freddy Bardellini Burbano
Guayaquil