La libertad del ex presidente ejecutivo del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, depende de que se sustancien las causas que tiene pendiente. Dos se encuentran desde el 19 de diciembre del 2003 en manos de los magistrados de la Primera  y Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia,  a quienes  les corresponde resolver los recursos de casación (revisión de la sentencia) que planteó la defensa de Aspiazu.

En el jucio de la Primera Sala el Tribunal de Pichincha le impuso una pena de 12 años por reincidencia, pero la Fiscalía General de la Nación pidió que le pongan como máximo 5 años, por la edad (65).

Si aceptan los recursos, dejarán sin efecto la pena de doce años de prisión que le impuso el Tercer Tribunal Penal de Pichincha por peculado. Son los procesos que lo mantiene privado de libertad (fue detenido el 12 de julio de 1999), pues el ex banquero cumplió la pena mayor por peculado (ocho años), así también por defraudación tributaria, en otros procesos. Según el fallo del Tribunal, emitido en octubre del 2003, la infracción se produjo por la retención ilegal de las acreencias de los clientes del banco cuando cerró sus puertas, como se desprende de la acusación particular de Gonzalo Dávila, a quien se le impidió cobrar el certificado de depósito a plazo que tenía en el banco por 30,2 millones de sucres a la fecha de su vencimiento (1.200 dólares), el 27 de abril de 1999. El ex banquero también tiene otro proceso pendiente por peculado, en el que fue convocado a juicio plenario por el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Gustavo von Buchwald.

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Aspiazu fue encontrado responsable de no transferir los valores retenidos por el Progreso por pago del impuesto al 1% de la circulación de capitales. La resolución se emitió el 16 de marzo del 2004 y en ella se ordenó la prisión preventiva de Aspiazu y el embargo de sus bienes por la cantidad de $ 12 millones.

El caso en materia tributaria, está paralizado a la espera de que Von Buchwald resuelva el pedido de libertad, solicitado por la defensa de Aspiazu el 10 de agosto del 2004, donde se sostiene que el proceso lleva sin sentencia cinco años, cuatro meses.