Lejos de fortalecer la mayoría parlamentaria, el presidente Lucio Gutiérrez causó malestar con la carta que remitió el pasado 25 de enero en la que pedía apoyar la urgencia de la consulta popular.

El roldosista Ernesto Valle señaló que Gutiérrez no tiene la facultad de conminar al bloque de mayoría a que adopte determinada posición.

“Es una muestra de nerviosismo terrible... ”, afirmó Kenneth Carrera (Prian).  Mientras, el ministro de Gobierno, Jaime Damerval, dijo que “lo que quiere (Gutiérrez) es remarcar que los diputados tienen que legalizar la circunstancia que atraviesa el Poder Judicial”.

Analistas opinan que en el texto el Jefe de Estado acepta que influyó en los cambios de la CSJ.

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La carta que el pasado 25 de enero envió el presidente Lucio Gutiérrez a los legisladores que forman parte de la mayoría gobiernista y a varios miembros de la oposición para pedirles que califiquen de urgente su proyecto de consulta popular ha generado opiniones antagónicas y disgusto en el Pleno.

El ex secretario de Planificación y Desarrollo de la Presidencia, Augusto Barrera, afirma que la misiva evidencia que el nombramiento inconstitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un argumento suficiente para aceptar presiones nacionales e internacionales.

Barrera hace alusión al quinto párrafo de la misiva: Si no se califica de urgente a esta consulta, la Corte de Justicia no soportará la presión nacional e internacional y más temprano de lo que nos imaginemos explotará y todos perderemos y para siempre.

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“Creo que esa expresión en particular, como dirían los abogados, es una confesión de parte... Llama a sus aliados y les dice que el quiebre del orden democrático termina siendo frágil a largo plazo”, manifiesta.

El catedrático David Samaniego considera que la premura que el Mandatario refleja en la comunicación es comprensible, porque si no existe una consulta popular “que normalice aquello que se hizo al margen de la Ley”, la presión social y política va a ir creciendo hasta un momento en que será imposible detenerla.

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“Lo que busca es curarse en sano y de manera angustiosa  clama porque el Congreso le ayude a salir de este embrollo que creo entiende surge por algo que no se hizo bien”, afirma Samaniego.

La analista Marena Briones tiene una interpretación diferente del mensaje del Jefe de Estado. Para ella, Gutiérrez recoge con sus palabras el sentir generalizado de la ciudadanía, que cuestiona la legitimidad de la CSJ, pero no cree que se trate de aceptar culpas.

“Es una cuestión estrictamente jurídica y me alegra que el Presidente sea capaz de ver que el Congreso no siguió el procedimiento como debía y que eso debe corregirse por el bien del país”, sostiene.

En ese contexto, la consulta puede ser un camino para dotar al país de una Corte que no esté atravesada por la polémica.
“Hay que buscar un mecanismo para legitimar”, añade Briones.

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Pero para Barrera, el pedido de consulta que hace Gutiérrez al Parlamento “es una tomadura de pelo (...) Intenta lavarse las manos. Luego dirá yo ya envié la consulta y el Congreso la ha impedido (para legitimar la corte)”.

Posición del Ejecutivo
El secretario de la Administración (e), Óscar Ayerve, señala que la carta simplemente expone la posición de Gutiérrez, “para que todos sepan que esto (la consulta) es un hecho importante” y que forma parte de las promesas de campaña del Mandatario.

Admite que quizá las críticas se deban a la “postura frontal” del Jefe de Estado, pero resalta que en el documento Gutiérrez enfatiza su respaldo y apoyo a las acciones del Parlamento.

El ministro de Gobierno, Jaime Damerval, también niega que en la misiva Gutiérrez acepte que el Ejecutivo influyó en el Legislativo, respecto al cese de magistrados en la CSJ.
“Lo que quiere (Gutiérrez) es remarcar que los diputados tienen que legalizar la circunstancia que atraviesa el poder judicial”, explica.

“Las presiones nacionales e internacionales”, para Damerval, hacen referencia a los inversionistas extranjeros, a quienes les interesa tener la certeza de que su dinero esté garantizado, y al conjunto de manifestaciones contra el Gobierno que se han desarrollado en el último mes.

“Es un hecho exacto, todos perderemos. El país no puede vivir con una Corte cuya designación se discute. Eso significa, mientras dure, un perjuicio”, considera.