Un tribunal federal de Estados Unidos desestimó el viernes pasado una multimillonaria demanda gubernamental contra varias compañías manufactureras de tabaco por presunta conspiración para defraudar al público.

El proceso involucraba un reclamo por $ 280 mil millones contra un grupo de importantes compañías, entre las que se encuentran las empresas Philip Morris USA, R.J. Reynolds, Liggett, Lorillard Tobacco y Brown and Williamson.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvió –por dos votos contra uno– que la Ley Federal no habilita la penalización monetaria que pretende el gobierno como devolución por el dinero gastado en los últimos 50 años en el tratamiento de fumadores enfermos.

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Los cargos contra las tabacaleras habían sido presentados en 1999 con base en el Acta sobre Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado, normativa creada para luchar contra la mafia.

Según las autoridades, los directivos de las empresas se reunieron en un hotel de Nueva York en 1953 y acordaron una estrategia para engañar al público sobre la adicción y el daño a la salud producidos por la nicotina.

Las compañías de tabaco niegan que conspiraran ilegalmente para promocionar fumar, y dicen que el Gobierno no tiene base legal para demandarlas después de que se revisaran drásticamente las prácticas de marketing como parte de un acuerdo de 1998 con la Fiscalía General del Estado.  

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La resolución de la Corte de Apelaciones no impide, sin embargo, que el gobierno encare nuevas acciones.