Los paramilitares de Colombia han masacrado a decenas de miles de personas y se han enriquecido robando las tierras de cientos de miles más. Controlan aproximadamente el 40% de las exportaciones de cocaína.

El New York Times publicó lo siguiente en uno de sus editoriales del jueves 3 de febrero:

En el 2003, el Gobierno colombiano les ofreció un excelente trato a líderes paramilitares de la derecha que estaban preocupados con respecto a la extradición hacia Estados Unidos: paguen una multa y eviten la cárcel.

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Tras la indignación popular, el Gobierno mejoró la propuesta: los integrantes de escuadrones paramilitares, incluidos grandes narcotraficantes y asesinos de masas, podrían deponer sus armas a cambio de una condena en prisión muy corta.

Ellos podrían conservar su botín y no tendrían que cooperar con investigadores.
Podrían continuar como mafias criminales, sin perturbaciones. El embajador de Estados Unidos ante Colombia respaldó en público ambas propuestas.

Afortunadamente, otras naciones que contribuyen con el proceso de pacificación de Colombia no lo hicieron, y el plan fue eliminado.

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El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ya mejoró la propuesta sobre la desmovilización una vez más, justo a tiempo para un reunión en Cartagena de representantes de países donantes, que sin embargo deberían continuar sin brindarle apoyo.

Si bien el plan más reciente asume una línea más dura, aún es demasiado vago y está repleto de vacíos como para desmantelar a esas organizaciones criminales.

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Además, las nuevas ideas también carecen de algunos elementos clave que son necesarios. Esto es, el Gobierno les exigiría a líderes paramilitares que confesaran delitos para obtener condenas reducidas, pero no serían castigados por mentir o por omisiones.

Los paramilitares de Colombia han masacrado a decenas de miles de personas y se han enriquecido robando las tierras de cientos de miles más. Controlan aproximadamente el 40% de las exportaciones de cocaína de Colombia. Su riqueza los convierte en una fuerza de poder atemorizante; un jefe paramilitar hizo alarde en fecha reciente de que los grupos citados controlaban un tercio del Congreso.

El gobierno de Uribe, al parecer, fue sometido a su conversión para el consumo internacional, y bien pudiera abandonar las mejoras tan pronto como se prometa más dinero. Uribe necesita regresar con sus donantes llevando consigo una ley más firme que exija la verdadera desarticulación de grupos paramilitares, así como preparativos reales a cambio de condenas reducidas en prisión.

Cualquier plan que no aborde lo anterior no merece el respaldo internacional.

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