Designación, según ese texto, la harán colegios electorales. El TSE dirigirá el proceso.

Un proyecto de resolución que pretende entregar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la mayor responsabilidad en la designación de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reemplazarán a los actuales, se tramita en el Congreso.

El plan lo presentó el miércoles pasado el segundo vicepresidente de la legislatura, Jorge Montero (CFP), miembro de la mayoría afín al gobierno de Lucio Gutiérrez.

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El plan demanda el pronunciamiento al Procurador del Estado sobre la legalidad de aplicar lo aprobado en la consulta popular de 1997, donde se estableció que el origen de la designación de los magistrados debe ser la propia Función Judicial.

El segundo vicepresidente del Congreso Nacional, Jorge Montero (CFP), presentó el miércoles pasado un proyecto de resolución que pretende entregar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la mayor responsabilidad en la designación de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reemplazarán a los actuales,  elegidos mediante resolución legislativa en diciembre del 2004.

La designación, según este texto, será a través de colegios electorales, pero el TSE dirigirá todo el proceso. La resolución pide el pronunciamiento al Procurador sobre la legalidad de aplicar lo aprobado en la consulta popular de 1997, donde se estableció que el origen de la designación de los magistrados debe ser la propia Función Judicial.

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La propuesta, según Montero, permitiría “dejar a salvo el orden jurídico de la República”, porque considera que la resolución por la que se cesó a los magistrados de la CSJ, ha originado protestas y producido un enfrentamiento que ha llegado, inclusive, a crear situaciones de violencia públicamente conocidas.

Montero propone que el Congreso reforme la Ley Orgánica de la Función Judicial, para que la renovación de la CSJ sea de esta forma: se convoque a los colegios nominadores para que conformen las 31 listas de postulantes, que se harán públicas por una sola vez para objeciones.

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Cada nómina la integrarán no más de diez candidatos y todas se enviarán al TSE.

La Ley Orgánica determinará la conformación de una comisión de cinco miembros, que escogerá a los 31 magistrados, y que la integrarán representantes de los rectores y decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas (2) y las privadas (2); y el quinto, de la Federación Nacional de Abogados.