La Asociación Rumiñahui recibió diez quejas de domésticas ecuatorianas en esta semana.

Verónica Cepeda es una joven de 21 años, dejó Riobamba hace dos, apenas se graduó en el colegio. Con muy poca ropa y tras endeudarse en 1.500 dólares alcanzó a ingresar sin el visado a España, solo con una carta de invitación de una amiga española de su hermana mayor.

A los quince días de llegar consiguió trabajo como interna en casa de una anciana de 83 años. Tras agotadoras jornadas lo  dejó y logró un empleo con una pareja joven, padres de un recién nacido. Aparte de cuidar al bebé, estaba a cargo de la casa; por 570 euros  mensuales ($ 735,3).

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La joven gozaba de vacaciones, tiempo libre y pago por horas extras, pero al llegar la nueva regularización de los inmigrantes sus jefes estuvieron de acuerdo en darle un contrato de trabajo, pero con una condición: que ellos no pagarían la seguridad social. Los  130 euros ($ 167,7) que deben pagar los empleadores a la seguridad social para dar de alta a sus empleadas domésticas fijas se torna un problema silencioso para cientos de inmigrantes ecuatorianas.

Según el presidente (e) de la Asociación Rumiñahui, Wladimir Paspuel, en lo que va de esta semana han recibido 10 quejas de domésticas, quienes siendo empleadas internas fijas, con más de 80 horas de trabajo, les tocará pagarse esa cantidad mensual, porque sus patrones no quieren hacerlo.

“Muchos están abusando de que tienen la sartén por el mango y están condicionando o chantajeando a las empleadas de hogar. Te doy el contrato, pero te descuento de tu sueldo la seguridad social”, sostiene Paspuel.

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Verónica renunció a su trabajo porque prefirió conseguir otra plaza laboral y estudiar belleza. Dice que a la mayoría de sus amigas que trabajan de internas en las periferias de Madrid, Majadahonda o Las Rozas, sus jefes les restarán de su sueldo el coste de la seguridad social. “Prefieren quedarse calladas y no denunciar. Porque esa será la única vía para conseguir los papeles y regresar a Ecuador a visitar a sus familias”, añade Verónica. “Pedimos a la administración pública que dé herramientas al empleado para que pueda denunciar estos casos, pero que pueda salvaguardar su nombre y no tenga inconvenientes en la regularización”, expresa Paspuel.

Mucha gente está cediendo porque a pesar de que la normalización sea una ventana estrecha, los inmigrantes quieren entrar al proceso de regularización a toda costa.

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Verónica estudia belleza y aspira a conseguir una plaza en esa profesión. “Espero ganar mínimo  600 euros ($ 774). De allí debo pagar mi escuela,  120 euros ($ 154,8), habitación  100 euros ($ 129),  mi seguridad social  130 euros ($ 167,7) y la mensualidad a mi madre  100 euros   ($ 129)”, sueña.