A pocos días de que se inicie en España el proceso de regularización de miles de emigrantes ecuatorianos, los malestares por la obtención de documento continúan en nuestro país. Las oficinas de Guayaquil fueron una muestra este viernes, cuando se evidenció la molestia entre los usuarios que hacen largas filas por llegar a las ventanillas de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Ellos se acercan para conseguir sellar los récords policiales que son necesarios para los inmigrantes radicados en España, que les permita legalizar su permanencia en ese país.

Una de las causas para estas largas colas es que las especies valoradas que son necesarias para los trámites se acabaron, y aunque se le notificó al Ministerio de Finanzas, esa cartera de estado no los ha proveído del documento, informó la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Esther Chávez.

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Muchos deben esperar más de 24 horas para que les den sus documentos  legalizados, según informó Ecuavisa. A esta situación se suma que el nuevo edificio en el que son atendidos está en las calles Colón y García Moreno. Una zona que a criterio de los familiares de los inmigrantes es de suma peligrosidad.

Para evitar las largas filas que suelen durar más de 24 horas, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Chávez ha propuesto a los usuarios que paguen los $2 correspondientes al trámite y que regresen en unos días a retirar sus documentos, con el tiquete de pago.

Verónica Quiñónez, quien ha permanecido en la fila de esta dependencia oficial desde anoche, señaló que al menos tres de  quienes pernoctaron en las aceras de esas calles esta madrugada, fueron asaltados.

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La vigilancia policial es nula, según denuncia Quiñónez, quien considera que es necesaria mayor seguridad.

Por su parte, Juan Luca, quien ha viajado desde la provincia de Manabí, dice que siente que se “burlan de él”, cuando los funcionarios de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores le dicen luego  que ha hecho la fila por todo el día que venga otro día.

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Los documentos necesarios para la legalización de los imigrantes en España requieren de la firma de un representante de la Comandancia General de la Policía, de un responsable de la Cancillería, y otra del Ministerio de Relaciones Exteriores.