Grupos autodesignados de ciudadanos vigilantes han surgido a lo largo del sudoeste para patrullar la frontera con México, en ocasiones con la ayuda de naves robot aéreas sin piloto hechas en casa.

Con su promesa de hacer de la reforma de inmigración una alta prioridad para su segundo periodo en el poder, el presidente Bush está volviendo a encender un emocional debate nacional acerca de cómo resolver el caso de los millones de inmigrantes ilegales.

Se esperaba que el Presidente incluyese este asunto en su discurso del Estado de la Unión el miércoles en la noche, renovando su propuesta hecha hace un año de crear un programa de trabajadores inmigrantes invitados y provocando, con ello, un agudo enfrentamiento con los miembros conservadores de su partido.

Cómo controlar las fronteras y tratar con la enorme población “fantasma” de inmigrantes ilegales ha sido una espina en el costado del Congreso durante años, y el debate ha adquirido una dimensión urgente desde que ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre.

“No podemos asegurar la carretera desde el aeropuerto hasta Bagdad en Iraq”, dijo el senador republicano de Arizona, John McCain. “¿Cómo demonios vamos a controlar nuestra frontera... cientos de millas entre Estados Unidos y México?”.

El año pasado, el Presidente propuso un programa de trabajadores invitados que permitiría a extranjeros y a quienes están actualmente en Estados Unidos ilegalmente tomar empleos que los trabajadores estadounidenses no desean. Podrían estar en el país hasta durante seis años antes de que se les dijera que regresen a sus países natales.

El plan permaneció sin acción durante el año 2004, de elecciones presidenciales, y enfrentó la resistencia de todo el espectro político.

Terminado el año electoral, Bush quizá ahora esté en una posición mejor para forjar un acuerdo en el Congreso, utilizando su iniciativa de 2004 como punto de partida, Pero aún enfrenta oposición por parte de republicanos en la Cámara de Diputados que desean actuar para reprimir a los inmigrantes ilegales e imponer severas sanciones a los patrones que los contraten.

Esos legisladores dan una gran importancia en asegurar la frontera. La primera prueba legislativa llegará este mes cuando la Cámara de Diputados vote sobre un plan de James Sensenbrenner, diputado republicano de Wisconsin, que además de prohibir a los estados otorgar licencias de conductor a inmigrantes ilegales, alargaría la cerca en frontera con México y estrecharía los criterios aplicados para otorgar asilo político.

Uno de los más formidables críticos del presidente Bush es el diputado republicano de Colorado, Thomas Tancredo, quien desea emplazar tropas militares a lo largo de la frontera y duplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza de tiempo completo. Tancredo está encabezando, de hecho, una revuelta partidista contra la iniciativa de Bush.

El debate en el Congreso refleja divisiones profundas en la sociedad en general.

Los patrones y grupos laborales de Estados Unidos dicen que los inmigrantes ilegales satisfacen una necesidad económica esencial al aceptar empleos que los estadounidenses rechazan. Pero su presencia cada vez mayor también ha generado quejas iracundas.

Grupos autodesignados de ciudadanos vigilantes han surgido a lo largo del sudoeste para patrullar la frontera, en ocasiones con la ayuda de naves robot aéreas sin piloto hechas en casa.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 intensificaron el escrutinio de las porosas fronteras de Estados Unidos y atrajeron a nuevas voces en este debate que data de muchos años.

Peter Gadiel, de Kent, Connecticut, quien perdió a su hijo en el ataque contra el World Trade Center, renunció a su empleo de abogado para formar un grupo llamado Familias 9/11 para un Estados Unidos Seguro. Gadiel es un declarado defensor de las leyes propuestas por Sensenbrenner, se opone al programa de trabajadores invitados del presidente Bush y asegura que la numerosa población de inmigrantes ilegales proporciona un lugar para ocultarse a terroristas potenciales.

Los residentes indocumentados también cuentan con defensores dedicados, quienes opinan que su estatus de ilegales los somete a abusos por parte de patrones carentes de escrúpulos o redes de contrabandistas que les cobran hasta 5.000 dólares por cabeza para transportarlos a través de la frontera. Cientos de esos inmigrantes han muerto al cruzar el desierto o sofocados en la parte trasera de camionetas de contrabandistas.

“Todos ellos están en el mismo bote juntos”, dice Wilie González, de Dallas, un organizador para el sindicato laboral de trabajadores de un hotel y una lavandería. “La mayoría extrema... solo está tratando de encontrar una vida para ellos y sus familias”.

*Fort Worth Star-Telegram

© The New York Times News Service.