Ayer se revelaron más irregularidades en el cobro de pensiones de jubilados dentro de las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (IESS) en Guayaquil. A la noticia publicada el pasado martes por este Diario, respecto a que se cobraban indebidamente las pensiones de jubilados fallecidos, se sumó el hecho de que también se acreditan pagos a personas que aún no terminan sus trámites de jubilación.

Es el caso de Fausto Villegas Oñate, milagreño de 69 años, quien solicitó su jubilación en el 2002, pero “hasta la actualidad no concluye este proceso, razón por la que nunca he cobrado pensión alguna”, afirmó.

En la denuncia original se mencionó a Villegas Oñate como un jubilado fallecido a quien le habían cobrado sus haberes, pero el perjudicado asegura que “todo se trata de una estafa porque no estoy muerto y ni siquiera estoy jubilado”, por lo que no entiende cómo alguien pudo apoderarse de sus pensiones.

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En total, a nombre de Fausto Villegas se pagaron 994 dólares. Para ello se falsificó su cédula de ciudadanía y una supuesta credencial de jubilación, de lo que se acusan mutuamente funcionarios y empleados del IESS. “Solo recuerdo que me pidieron en una caja del IESS dos copias a colores de mi cédula”, reveló Villegas.

La denuncia fue presentada en diciembre pasado por una ex cajera de la entidad, Nelly Díaz, quien fue separada luego de acusar a Nelson Bodero, jefe de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería del IESS. Bodero a su vez responsabilizó a Díaz de estos ilícitos y afirma que presentó con anticipación las denuncias respectivas. El director regional del IESS, Gregory Gines, ayer permaneció en Quito, adonde fue llamado por el Consejo Directivo para que explique el caso.

En la entidad informaron que se realiza una auditoría en la tesorería y según el vocal del Consejo Directivo, Manuel Vivanco Riofrío, una vez que se tengan los resultados de la investigación, se los remitirá a la fiscalía, “para que inicie los procesos penales correspondientes, pues se tratan de delitos comunes”. Además, Vivanco anunció que se analizan las sanciones administrativas y explicó que estos hechos en gran parte se dan “por el obsoleto sistema informático o base de datos que debe ser renovado”.