Franklin  Moreno Quezada, ex defensor del pueblo, indicó esta mañana que su remoción del cargo se debe a un acto de  corrupción, porque la Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional del consumidor de Quito, manipularon los expedientes en contra de las empresas de telefonía móvil, perjudicando así a tres millones de usuarios.

Durante una entrevista concedida a Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), sostuvo que no busca regresar a su cargo, que lo pide es que se haga  justicia y que las operadoras no perjudiquen a sus clientes.

Moreno manifestó que el Estado lo comisionó para que se encargue de  realizar las investigaciones que se iniciaron en Guayas y luego llevadas a Quito en donde fueron archivadas desde el 27 de diciembre del 2004, en tanto, los usuarios siguen siendo perjudicados. Cuando no consumen sus minutos estos los pierden porque según las operadoras han credo una ley de caducidad de 30 días.
 
Sostuvo que la Superintendencia de  Telecomunicaciones debe sancionar a las operadoras de telefonía celular Porta, BellSouth y Alegro, por sobrepasar el techo existente que es de 50 centavos de dólar por minuto de llamada.

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Finalmente, agregó que el costo del mensaje por interconexión fue fijado inicialmente en cuatro centavos pero la compañías lo establecieron en seis centavos que se cobran hasta ahora. Adiconalmente, demanda que los archivos de la investigación realizada en beneficio de los consumidores, sean analizados y que la justicia decida sobre ellos.

Por otra parte la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) citó para hoy a los representantes de las operadoras de telefonía celular Porta, BellSouth y Alegro, y a los de las estatales Andinatel y Pacifictel a una sesión en la que deberán acordar los porcentajes de reparto de la tarifa de interconexión, es decir del monto que se cobra a un usuario cada vez que se comunica desde un teléfono fijo con un celular (móvil).