A la  cajera que denunció ante el directorio del Seguro Social al funcionario que exigía le cancelara los pagos de los jubilados, no le fue renovado el contrato de trabajo que tenía con el IESS, como sucedió con otras empleadas de la empresa tercializadora por la cual fue contratada.

Más de 8 mil dólares supuestamente fueron cobrados en tres meses por un funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Una denuncia realizada por una ex empleada permitió indagar la manera en que las pensiones de algunos jubilados fallecidos se han cobrado con aparente normalidad.

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En nueve casos existen recibos de cobros de sus pensiones. Uno de ellos, incluso, falleció hace más de tres años y su firma consta en un documento de pago reciente.

La denunciante fue separada del IESS, mientras el principal funcionario involucrado, así como otros que estuvieron al tanto de esta presunta irregularidad, se niegan a dar más detalles.

El director regional del IESS, Gregory Gines, informó que se realiza una auditoría por esta denuncia, y cuando esta concluya se determinarán responsabilidades.

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En la mirada de Carmen  Duque Yépez claramente se pudo observar odio e indignación al enterarse que  funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) seguían cobrando la pensión jubilar de su padre, Luis Duque Peña, quien falleció hace tres años.

Adela Yépez, su madre, sintió nostalgia al recordar a su esposo por esta insólita noticia, pues a pesar de que él se fue a vivir a los Estados Unidos y sin haberse divorciado  contrajo matrimonio en ese país, para ella eso es lo de menos. 
“Porque él, aquí, no se divorció de mí. Yo seguí siendo su esposa”, sostuvo Yépez.

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Cuando los familiares de  Duque Peña conocieron de su fallecimiento, ocurrido el 15 de febrero del 2002 en Florida (Estados Unidos), no creyeron necesario realizar los trámites mortuorios en el Seguro Social, pues alguien que labora en esa institución les indicó que no tenían de qué preocuparse, porque cada cierto tiempo automáticamente el sistema bloqueaba a las personas que ya habían muerto.

Aquello no resultó cierto, pues de esa manera se han venido cobrando las pensiones de jubilados ya fallecidos, denunció Nelly Díaz Apolinario, ex empleada del IESS.

El hecho fue comprobado con una investigación que realizó este diario.

Díaz comenzó a laborar en el Seguro Social en enero del  2004, con el cargo de recibidora; en agosto fue trasladada a la sección de pagaduría, donde iba a estar a cargo del pago a los retirados, en la ventanilla  Nº 9.

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Según consta en la denuncia que realizó Díaz ante la Fiscalía del Guayas, Nelson Bodero, quien se desempeña como jefe del departamento de Ejecución presupuestaria, Contabilidad y Tesorería, por repetidas ocasiones se dirigió hasta la ventanilla 9 con documentos de los jubilados para recibir el pago que les correspondía a ellos. “Él iba tres veces al mes, y como mínimo le pagaba mil dólares”, manifestó Díaz.

Según la denunciante, Bodero se habría apoderado de más de ocho mil dólares en solo tres meses, y “para él era fácil obtener la información de jubilados que ya habían fallecido, porque era jefe del departamento”, señaló.

Además indicó la manera en la que el jefe de contabilidad se apoderaba de los dineros del IESS. “Un mes antes de que el sistema de computo bloqueara a los jubilados por no haber retirado sus acreencias durante seis meses, él se acercaba hasta la ventanilla para exigir se le cancele las sumas”, mencionó.

Para consumar su delito, Bodero le decía a la cajera que el jubilado se encontraba esperando en el departamento de Contabilidad o en la Dirección del IESS, y que él estaba realizando “un favor a estas personas por ser viejitas” y, según Nelly Díaz, en algunos casos decía que eran inválidos, por tal motivo no podían llegar hasta la caja.

El 21 de diciembre, Bodero se dirigió hasta la ventanilla para cobrar algunas pensiones, pero “yo ya no tenía dinero en la caja, por lo que él me dejó los documentos en mi puesto hasta cuando llegara el efectivo”, comentó Díaz.

Por las sospechas que despertó el hecho, Díaz revisó minuciosamente la documentación, dentro de la que constaban cédulas de identidad y credenciales de jubilación. Se adjuntaban también supuestas direcciones y números telefónicos de los retirados.

Fue entonces cuando cayó en cuenta de la particularidad de aquellos documentos.
“Todos eran falsos, los nombres estaban redactados con máquina de escribir”.

Ella inmediatamente presentó su reclamo ante el tesorero del IESS, Alcides Freire Quinto, quien le informó que esos pagos no debió efectuarlos, debido a que los únicos autorizados para recibir esos dineros del Seguro Social eran los jubilados y no terceras personas.

En ese instante “me di cuenta que había sido utilizada para cometer un acto ilícito, por lo que decidí poner mi queja donde el director del IESS”, quién, según Díaz, dudó sobre lo que ella le estaba denunciando, por tal motivo la sometió a un careo con su jefe, y cuando “le enseñé los documentos falsos se retiró del despacho sin mencionar una palabra”, indicó.

Las cosas en el Seguro Social siguieron su curso normal y la denuncia no mereció investigación alguna. Hasta que Nelson Bodero envió un oficio al departamento de Recursos Humanos para que el contrato de trabajo de Nelly Díaz no le sea renovado, pedido que fue aceptado.

Cuando Nelly Díaz cumplió un año de trabajo (en diciembre), ella fue la única empleada a quien no se tomó en cuenta para prolongar el contrato  por un año más. “Todas mis compañeras firmaron, pero por este problema no me renovaron el contrato”, aseveró la denunciante.

Por repetidas ocasiones este diario trató de contactarse con los involucrados en el caso, pero nunca se tuvo una respuesta.

Gregory Gines, director del IESS, se mostró asombrado cuando se le consultó del porqué, teniendo conocimiento de la denuncia en contra de Bodero, no se lo sancionó al funcionario.

“Cuando me enteré del caso inmediatamente ordené se realice una auditoría”, mencionó el director, quien además dijo: “Esperaré hasta que me entreguen los resultados para sancionar a los involucrados y sus cómplices”.

Mientras tanto, “por denunciar a mi ex jefe me quedé sin empleo”, relató Díaz, quien era la única que ayudaba a sus padres, que viven en una escuela ubicada en las calles  Guerrero Valenzuela y San Martín. Pero eso no la incomoda. “Prefiero vivir en forma humilde y no robar la plata de nadie”, enfatizó la ex cajera.

Entretanto, Carmen Duque todavía no puede creer que las pensiones de su progenitor se siguieron cobrando. No quiere hablar más sobre el tema. Lo único que espera es que “dejen a mi padre descansar en paz”, acotó.

Nosotros cada mes tenemos que hacer maravillas para ver cómo vivimos con la miseria que nos paga el Gobierno, y ellos facilito se roban la plata.

Vicente Borbor,  88 años. Jubilado

Otros cobros

Vicente
Duque Peña
$1.708

Fausto
Villegas Oñate
$994

Catalino Villón Panchana
$989

José Muñoz
Tomalá
$458