De la paz a la incertidumbre

La unión nacional y cooperación interinstitucional para la defensa de la integridad territorial, que incrementó la elevada capacidad profesional alcanzada por las FF.AA. para su empleo heroico y decisivo en la guerra del Cenepa, cedieron paso a la presión política internacional y, sobre todo, a la voluntad de los pueblos  para hacer de la paz el  vehículo de la integración y el desarrollo.

En noviembre de 1996 se tienen denuncias sobre infiltraciones de grupos ilegales armados colombianos en la frontera norte, lo cual  daba indicios de la ineficaz política colombiana que, junto con el fracaso de las negociaciones del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC),  llevó posteriormente a un replanteamiento de la estrategia con el presidente Álvaro Uribe.

Las consecuencias, independientemente del origen de la estrategia, se hacen sentir en la frontera a través del contrabando, secuestro, desplazados bajo amenaza, extorsión, narcotráfico ocasionadas por redes criminales transfronterizas y que agravan la seguridad interna de ambos países.

En 1999 son secuestrados diez técnicos petroleros extranjeros en Sucumbíos y  debido al crecimiento de la delincuencia, Guayaquil mantiene un estado de emergencia prácticamente por un año con empleo militar y policial conjunto.

La inestabilidad política interna, por otra parte, induce a la institución militar a asumir inopinada e inapropiadamente roles políticos, ya sea por vacíos políticos o por inmadurez profesional y confusión mesiánica, como la del  21 de enero del 2000, cuando se  insubordina un grupo de militares y se integran a la rebelión y golpe de Estado.

Frente a esta creciente inseguridad, interna y externa, la política de los estados se va  tornando cada vez más reactiva y militarizada. Se firma el convenio para utilización de la Base de Manta y se  aplica el Plan Colombia, intensificándose las operaciones militares con la aplicación del Plan Patriota y la política global antiterrorista de los Estados Unidos.

La turbulenta situación de la seguridad regional demuestra la naturaleza de un sistema dinámico e inestable, que debido a la interdependencia entre los estados, la inestabilidad política interna y la presencia de actores transnacionales, tornan a los estados más vulnerables y más difícil de mantener la estabilidad regional. Por esta razón cualquier incidente menor como la captura de un miembro de las FARC, genera una gran tensión internacional.

La desconfianza, aislamiento y falta de comunicación de los países anulan los compromisos adquiridos enmarcados en la Organización de Estados Americanos (OEA), para combatir el narcotráfico y el terrorismo; asimismo,  invalidan las decisiones tomadas en la Comunidad Andina para  cooperar con la seguridad regional y conformar la Zona de Paz Andina y la Política Común de Seguridad.

La incomprensión de esta dinámica internacional de la seguridad, impide obtener coherencia entre la  política de Defensa Nacional y la exterior, para delinear estrategias coherentes frente al conflicto colombiano.

En el interior de la institución militar los avances logrados en la modernización, elaboración de los planes estratégicos institucionales, la actualización de la Ley Orgánica,  la Política de Defensa Nacional (Libro Blanco), son temas que no tienen continuidad y mantienen pendiente la transformación y reestructuración institucional desde el fin de la guerra.

Finalmente, el control civil sobre las FF.AA., que pretendía la subordinación militar a la autoridad política,  para evitar el tutelaje e intervención militar, se ha convertido en una polinización institucional, que no le permite solucionar definitivamente su crisis de identidad  afectada por el 21 de enero y que sigue generando incertidumbre por la injerencia política para tomar decisiones gubernamentales amparadas en el peso de su influencia.

(*) Analista militar