Las amenazas del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de las organizaciones que conforman Convergencia Cívica no amedrentaron a su dirigencia, que ayer intensificó la protesta frente al Palacio de Justicia.

Aunque no se llegó a adoptar una resolución el miércoles, durante la sesión ordinaria del pleno de la CSJ, un grupo de ministros, entre ellos Carlos Pozo y Efrén de la Torre, planteó el inicio de acciones legales para frenar las manifestaciones contra la actual conformación de la Corte.

Pozo aseguró que las demandas por el presunto cometimiento del delito de subversión están listas y podrían ser conocidas públicamente hoy.

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Pese a ello, Convergencia Cívica, a través del concejal de Quito, Antonio Ricaurte (PK), aseveró que están dispuestos a enfrentar un proceso penal.

Por ello, Ricaurte concurrió a la protesta portando su cédula de ciudadanía, en el caso de que la necesitara.

Sobre los posibles juicios, Andrés Vallejo, también concejal, afirmó: “No creo que se atrevan a tal estupidez”.

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La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), la Fiscalía y el Tribunal Constitucional (TC) revisan la legalidad y constitucionalidad de la resolución del Congreso, que cesó a los ministros de la CSJ y nombró a sus reemplazos.

Al TC llegó ayer el informe que emitió la Defensoría del Pueblo para el trámite de la demanda de inconstitucionalidad que planteó el ciudadano Luis Betancourt, con el propósito de dejar sin efecto la resolución parlamentaria.