El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) definirá las acciones legales que adoptará en contra de sus detractores y de aquellos que cuestionan la legitimidad de este tribunal de justicia.

Durante la sesión ordinaria de la CSJ, los magistrados acordaron ayer mantener una reunión reservada con su presidente, Guillermo Castro, para definir el mecanismo que adoptarán en defensa de la institucionalidad de la Función Judicial.

El magistrado Carlos Pozo aseveró que las demandas están listas y que podrían ser planteadas hasta mañana.

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Explicó que las acciones se fundamentarán en el artículo 132 del Código Penal y otros, que determina una sanción de seis meses a tres años de prisión, a quienes de palabra o por escrito ataquen de manera subversiva a la Constitución o a las leyes de la República, o inciten su inobservancia.

Para el magistrado Gonzalo Muñoz, las acusaciones de una supuesta conformación inconstitucional de la CSJ es apenas un criterio, hasta que no exista una sentencia de un organismo competente como el Tribunal Constitucional (TC).

De su lado, el magistrado Bolívar Vergara convocó a los ministros a no rehuir el debate público, pues los hechos que terminaron con la reestructuración de la CSJ (el pasado 8 de diciembre) deben ser explicados jurídicamente.