Las posiciones de América Latina y la Unión Europea (UE) frente al nuevo sistema de comercialización del banano, que se aplicará en el 2006, aparecen indeclinables, sostiene Santiago Fernández de Córdoba, economista de la Unctad (Conferencia de las NN.UU. sobre Comercio y Desarrollo). Lo cual anuncia un largo proceso de negociación que podría, dice, extenderse si se acude -como árbitro- a la Organización Mundial de Comercio.

P: ¿Cómo se perfila la negociación de la nueva fórmula bananera?
R: Dos grupos de países con puntos de vista opuestos participan en la negociación. Ecuador, como otros países de América Latina, insiste en que no haya incrementos por encima de la base actual del arancel, de 75 euros (97 dólares) por tonelada. Mientras tanto, algunas de las ex colonias europeas en el grupo de países África, Caribe y Pacífico (ACP) quieren un arancel de 275 euros.

P: ¿Es posible que América Latina mantenga una posición única frente al tema?
R: Los países latinoamericanos tienen una posición parecida aunque con varios matices. Por ejemplo, República Dominicana se beneficia del sistema actual. Honduras y El Salvador no tienen capacidad productiva para cubrir todas las cuotas que la UE les asigna. Existe otro grupo, liderado por Ecuador, que incluye Colombia, Costa Rica y Panamá que les gustaría exportar de una manera más equitativa.

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P: ¿Sobre la base de qué criterios la UE defiende la tarifa de 230 euros por tonelada de banano?
R: Se basa en un mecanismo denominado diferencial de precios, que es la diferencia porcentual entre el nivel de precio interno y los precios mundiales. El problema es que no existe acuerdo sobre cuál es el precio interno promedio de la UE.

P: ¿Con esa tarifa, quién se perjudica?
R: Los latinoamericanos porque su fruta en Europa sería demasiado cara comparándola con la africana.