Guayaquil tiene derecho a protestar. Por el centralismo que ha tenido que soportar por décadas. Por los ataques que ha sufrido últimamente. Incluso encuentro poco extrema una marcha, como forma de protesta, ante el estado de la situación actual.

Las declaraciones del Ministro de Gobierno en diario El Telégrafo ratifican lo mal que se trata a Guayaquil, por ejemplo, en temas de seguridad. Según estas, el presupuesto anual de la Policía es de quinientos millones de dólares, pero para Guayaquil solo se destinan cuarenta millones, es decir el 8%, pese a que en la urbe habita casi el 25% de la población del país. Luego, se le entregan tres veces menos recursos económicos que lo que le debería corresponder si el criterio para tal distribución fuese el de equidad según el tamaño de la población y el índice de criminalidad.

Se nos informa también, paradójicamente, que la urbe se va a militarizar mientras que en la frontera norte se encuentra la mayoría de los policías del país. Yo suponía que los militares eran los encargados de custodiar las fronteras. ¿No está todo al revés, la policía en la frontera y los militares en las calles? ¿Por esto no es dable una repartición justa de los recursos según la necesidad de las ciudades? El Municipio no tendría derecho a protestar si del presupuesto de la Policía, para Guayaquil se destinaran 125 millones, si la Policía fuera eficiente, si en dicha institución no existiera corrupción.

Pero no ocurre tal. Por eso debe protestar. No solo por Guayaquil, sino para que esto no se siga repitiendo en otras ciudades de la patria. Las ideas sobre la conscripción policial y el fideicomiso parecen muy buenas. Esperamos que el Gobierno las implemente. Por el momento, está en deuda.

Solo falta una firma, tan solo eso, para que comience a funcionar un seguro médico que cubrirá a ciento cincuenta mil personas. Casi todas madres solteras.
No puede haber mayor burla y humillación a la ciudad que esta, pues luego de que el proceso llevado a cabo para este proyecto fue con el aval y participación del Gobierno, se lo pone en suspenso por rencillas de mentes y almas pequeñas.

Además del problema de seguridad, ¿cómo puede el Gobierno haber cumplido con Guayaquil, si este compromiso aún no es firmado? Los trabajos en la carretera Guayaquil-Salinas y en el puente de la Unidad Nacional están casi totalmente suspendidos, de forma irresponsable. Existen muchos más ejemplos.
Ocioso seguir. Es por eso que hay que salir a marchar. Esta no debe tener por objeto la desestabilización del régimen.

Los ecuatorianos, por haber votado por él, meceremos sufrirlo hasta el último día.
Tenemos que, de una vez por todas, aprender a sobrellevar las consecuencias de nuestras decisiones. Dentro de este marco, esperamos que esta marcha sea solo la primera de una serie de medidas que Guayaquil tome para hacerse respetar.
Quienes somos guayaquileños estaremos respaldando estas acciones, en cualquier campo que se necesitare.