Cuando la población no encuentra respuesta a sus demandas prioritarias de seguridad, debido a que las instituciones no alcanzan a articular su accionar entre sí y con el gobierno central, el problema, más que de incumplimiento de convenios, es de inexistencia de una política de Estado.

El liderazgo responsable del Alcalde de Guayaquil ha transmitido a la población la visión de una imagen ideal y factible de tener una ciudad con seguridad; es decir, en la cual se pueda convivir, con dignidad, con adecuado uso de los derechos y libertades, en la que se encuentren garantías para la inversión social y económica, sin lo cual no hay posibilidades de desarrollo y promoción social.

Es por esta razón que la nueva demanda, ahora pública y multitudinaria, no puede limitarse al cumplimiento de los convenios de julio y noviembre relacionados con el aporte de los 7 millones de dólares y la participación de las compañías de seguridad en apoyo a la Policía Nacional. Temas solucionables pero que apenas lograrían reducir y diferir la tensión y la problemática de la seguridad sin darle solución.

No puede por lo tanto la nueva relación establecida entre sociedad y Estado, con una segunda marcha, que genera solidaridad, civismo y un empoderamiento social, cortar la continuidad del derecho civil a participar en las decisiones políticas destinadas a reducir las deficiencias del Estado y mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La seguridad ciudadana no puede limitarse a soluciones basadas en una readecuación del flujo de la caja fiscal o de una coordinación de la seguridad privada con la Policía Nacional, para descentralizar la administración y los recursos, sin ceder la potestad de uso de la autoridad y fuerza.

Los avances logrados en cuanto a equipamiento de la Policía Nacional y elaboración de su plan estratégico de modernización, Policía Comunitaria, uso de tecnologías para la vigilancia, conformación de consejos de seguridad ciudadana, observatorio de la seguridad para tener información confiable, son respuestas locales, directas e inmediatas que demuestran la responsabilidad de los gobiernos seccionales, pero que no reflejan la prioridad que el Estado en forma insustituible debe asignar a la seguridad ciudadana.

Los esfuerzos  en el ámbito del gobierno seccional tampoco se vinculan entre sí, porque no hay posibilidad de un liderazgo único, con respaldo legal, que integre el accionar del Municipio, fuerza pública, Ministerio Público, Justicia, atención en desastres, comisarías, rehabilitación social, educación, cultura, civismo.

Sin embargo, la falta de tratamiento integral, multisectorial y remanente de la seguridad ciudadana, como una política de Estado, no es el producto de una falta de visión al más alto nivel, sino más bien de decisión, en los niveles de coordinación y cooperación interinstitucional.

El Presidente de la República, por ejemplo, creó hace un año un Comité de Crisis, conformado por los ministros de Gobierno, Defensa, secretarios de  Administración y Comunicación, así como con los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con asesoramiento externo, para tratar los temas de delincuencia común, violencia y terrorismo, que desde entonces se encuentran pendientes.

La seguridad ciudadana, como una función prioritaria del Estado, necesita de una política pública para coordinar e integrar a las instituciones en la respuesta que deben dar a la agenda de la seguridad ciudadana que ya ha sido planteada, y con la marcha se debería dar continuidad al proceso democrático iniciado.