La Fiscalía venezolana reiteró este sábado que considera acusar al ministro colombiano de Defensa, Jorge Uribe, del delito de privación ilegítima de libertad agravada y solicitar su extradición para que sea juzgado en Venezuela.
 
Uribe sería imputado de "participar" en el secuestro del dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Granda que, según Venezuela, fue perpetrado en Caracas el 13 de diciembre por guardias venezolanos sobornados por el gobierno de Colombia y auxiliados por un capitán colombiano.
 
"El secuestro es un delito de ejecución permanente que puede acarrear responsabilidades cuando alguien asume, como lo asumió el ministro Uribe, que se había pagado por la información", dijo a los periodistas el Fiscal General venezolano, Isaías Rodríguez.
 
"Como en Venezuela no se juzga en ausencia, abriríamos un procedimiento para establecer su responsabilidad en función de las investigaciones. Posteriormente solicitaríamos a los juzgados la extradición"", añadió Rodríguez.
 
El fiscal general manifestó que también sería solicitado el capitán colombiano que estuvo en Caracas e indicó a los guardias venezolanos quién era la persona que debían secuestrar.
 
El Gobierno venezolano calculó que los secuestradores fueron "comprados" con una suma que oscila entre el millón y el millón y medio de dólares.
 
La Fiscalía acotó, sin embargo, que si Uribe fuese juzgado en Colombia por el mismo delito que se le atribuye en Venezuela, se paralizaría la causa que eventualmente tuviese abierta en Caracas.
 
El asunto de Granda llevó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a suspender el viernes todos los contactos y acuerdos comerciales bilaterales, y a exigir al Gobierno colombiano disculpas públicas sobre el caso para normalizar las relaciones.
 
Como respuesta al emplazamiento, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, emitió una nota en la que no se disculpó y sostuvo que su gobierno actuó legítimamente para capturar a Granda.
 
Entre los argumentos esgrimidos por Uribe están el de que "las Naciones Unidas prohíben a los países miembros albergar terroristas de manera activa o pasiva" y el de que las recompensas son un mecanismo admitido internacionalmente para detener a delincuentes.
 
Sin embargo, el Gobierno venezolano precisó que en el momento de su secuestro Granda no tenía ninguna orden de captura en la policía internacional (Interpol) y gozaba de los derechos inalienables que asisten a todo ciudadano.
 
Además, Chávez recordó a Uribe que Colombia da refugio a terroristas venezolanos sin que por ello su gobierno se crea legitimado para sobornar a funcionarios o militares colombianos para que los capturen y trasladen a Venezuela.
 
Chávez citó el caso de Pedro Carmona, que se autoproclamó presidente de Venezuela en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y abolió las instituciones democráticas del país en las 27 horas que ocupó el cargo.
 
Dijo que también en países como la República Dominicana, Panamá, El Salvador, Uruguay y EEUU hay terroristas venezolanos de los que se tiene suficiente información como para actuar sobre ellos, aunque aclaró que eso no ocurrirá.
 
"Si entran en Venezuela los capturamos, pero jamás violaremos la soberanía de un país. Eso es lo último a lo que puede llegar un gobierno, porque no se puede combatir el delito con más delito, y menos un gobierno", manifestó el presidente venezolano.
 
Chávez explicó que si Colombia deseaba capturar a Granda por considerarlo un terrorista debió solicitar su detención y entrega siguiendo los pasos establecidos en el Derecho Internacional.
 
El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, indicó que el método utilizado para "secuestrar" a Granda responde a los patrones fijados por Estados Unidos para el "Plan Colombia".
 
Otros portavoces lo han equiparado a la captura en Ecuador, en una operación similar, del líder guerrillero colombiano Ricardo Palmera, alias "Simón Trinidad", recientemente extraditado EEUU.