Marina Mercante recomendó el lunes pasado que se flexibilice el modelo para la adjudicación.

El proceso de concesión del Puerto Marítimo de Guayaquil tiene “atrasos”. Este diagnóstico  surgió en la sesión que mantuvieron, el lunes pasado, autoridades de la Secretaría Técnica de la Marina Mercante, del Consejo Nacional de Modernización y de la Autoridad Portuaria local.

“La concesión tiene un atraso evidente. Estamos evaluando esto para conocer qué está ocurriendo”, dijo Homero Arellano, titular de la Dirección General de la Marina Mercante (Digmer), entidad que sigue el cronograma del proceso.

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El año pasado, la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) fijó enero del 2005 como fecha para la adjudicación del manejo de las terminales del puerto y otras áreas de servicios, pero la aplazó para fines de junio. Ahora, estableció octubre como plazo límite para la entrega total de las instalaciones a un nuevo operador internacional.

José Dávila, gerente de la APG, dijo ayer que hay un “nuevo cronograma que tiene que ser puesto en vigencia y conocido por el Consejo de la Marina Mercante, el que deberá decidir el mejor modelo para los puertos del país”.

Ese cronograma puede extenderse y cambiar incluso el programa de la concesión, según Dávila. Hay motivos para la medida: La Digmer sugirió que se “flexibilice” el modelo de concesión propuesto para el puerto local y que, según estudios de consultoría pagados por la APG, debe ser de “mono concesión” (para un solo operador portuario).

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Arellano explicó que la Digmer recomendó dicho análisis para “mejorar las condiciones de operatividad de los puertos”. Pero la moción debe analizarla el Consejo de la Marina Mercante.

El funcionario de la Digmer sostuvo que hay aspectos que deben ser aclarados en el proceso de concesión, pues existen algunos servicios que ya se manejan bajo la figura de permisos operativos en el puerto.

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“En realidad, el Estado no está allí manejando las cargas. Ahí están manejando los permisionarios (empresas que operan en el puerto). Es una situación que tarde o temprano tendrá que definirse. Porque si el proceso de concesión tarda, el Estado tiene la posibilidad de analizar el tema de los permisionarios”, afirmó Arellano.

Actualmente, el proceso de concesión portuaria tiene la asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, en estos últimos días, renunciaron tres consultores que apoyaban la unidad de concesiones.

Desde el año pasado, la APG cuenta con estudios de consultoría en los que se ofrecen pautas para las bases de concesión y los procesos de convocatoria (ver cuadro).