El tiempo para que Japón responda al pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori no es ilimitado y se mantiene la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de La Haya, según el canciller Manuel Rodríguez.
 
Rodríguez señaló que el gobierno próximamente hará anuncios específicos sobre las iniciativas que adoptará para impulsar el proceso de extradición del ex mandatario, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en una nota el martes en la noche.
 
“La Cancillería siempre ha tenido claro que el tiempo razonable para responder al pedido de extradición no es un tiempo ilimitado, y desde un principio hemos hecho pública la decisión de acudir, si es necesario, a la Corte Internacional de La Haya”, dijo Rodríguez según la nota.
 
“Estamos trabajando con el ministerio de Justicia y con el procurador (anticorrupción Antonio) Maldonado, y yo espero que en los primeros meses de este año este proceso dé un salto cualitativo”, agregó.
 
Perú solicitó a Japón la extradición de Fujimori en julio del 2003, pero sigue esperando una respuesta.
 
El pedido se basa en un proceso penal que se sigue al ex presidente por delito de homicidio, calificado, lesiones graves y desaparición forzada en relación con dos matanzas cometidas por paramilitares durante su gobierno (1990-2000).
 
Fujimori, que abandonó Perú en noviembre del 2000, escapando de un escándalo de corrupción que comprometió su gobierno, dice que es inocente y se proclama un perseguido político.
 
Tras salir de Perú se refugió en Japón, tierra de sus ancestros, y adquirió la nacionalidad japonesa, la que se ha convertido en el primer obstáculo para su extradición, porque las leyes de Japón impiden la extradición de sus ciudadanos.
 
El país del sur, además, afirma que la ciudadanía predominante de Fujimori es la peruana, lo que trataría de demostrar en la Corte de Justicia de La Haya para obtener su extradición.
 
Las autoridades peruanas dijeron anteriormente que si Japón se niega a entregar a Fujimori o demora más su respuesta, acudirán a ese órgano de justicia internacional para que dirima cuál es la nacionalidad predominante del ex mandatario.