La demanda pública y particular de este servicio provocó que algunas empresas aumenten a más de 500 los uniformados bajo su mando. Otras, en cambio, no llegan ni a 30.

El crecimiento de la demanda de las empresas de seguridad privadas en los últimos años en Guayaquil dio lugar a la expansión de algunas. Solo entre tres de ellas tienen el mando de dos mil cuatrocientas personas armadas.

Seguiresa, el grupo Garaycoa y Polidos cuentan con mil, ochocientos y seiscientos guardias privados, respectivamente. Tienen entre sus clientes a empresas privadas y públicas. Seguiresa pertenece al médico Miguel Ángel Montalvo, ex oficial de la Comisión de Tránsito del Guayas; el grupo Garaycoa comprende cuatro empresas de la familia; mientras que Polidos está al mando de Renán Borbúa, primo del presidente Lucio Gutiérrez.

En los patios del cuartel de la Policía Metropolitana, ubicados atrás del hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce, cada vez menos hombres se presentan a la formación matinal. Son casi trescientos, pero su número tiende a disminuir.

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Donde antes ellos realizaban sus rondas ahora hay guardias privados. Tal ha sido la demanda de vigilancia particular, que existen grandes grupos armados que prestan sus servicios.

La contratación por parte del Municipio de guardianía particular en espacios públicos comenzó con la inauguración del Malecón 2000. Desde entonces, los lugares con guardias privados aumentaron. Los resultados están a su favor: según Manuel Beltrán, gerente de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, en los sitios resguardados los índices de delitos están en casi cero.

Según  el alcalde Jaime Nebot, esta es la razón principal para insistir en la contratación de empresas privadas para vigilar las calles, ante lo que él considera el abandono policial y el incumplimiento del Gobierno.

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El ministro de Gobierno, Jaime Damerval, se opone. Dice que la capacitación de estas personas armadas es deficiente. A esto contribuyó la nueva Ley de Empresas de Seguridad, que se promulgó en el 2003, la cual liberó de la obligación que tenían estas compañías de realizar el curso de entrenamiento que dictaba el Ejército. Desde entonces, cada empresa puede realizar la capacitación que desee, en donde quiera. Y si bien un gran número de guardias cumplió el servicio militar obligatorio, el problema es que ninguna empresa tiene campos de entrenamiento. Mientras tanto, la escuela del Ejército está a punto de cerrar por falta de alumnos. “Los militares nos cobraban mucho por este curso (80 dólares por cada uno), justifica Franklin Gallegos, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad. Pero él mismo reconoce que ahora hay muchos más guardias que nunca antes habían cogido un arma.

El otro argumento de Damerval es tajante: sencillamente la ley solo faculta a la Policía para cuidar el orden en las ciudades.