El descontrol provoca varias irregularidades

El problema más grave, probablemente, es el de la informalidad del negocio de la seguridad. Las Fuerzas Armadas reconocen que no realizan los controles necesarios para poner en regla a quienes se dedican a la seguridad privada.
Carlos Granja, jefe del Departamento de control de armas, informó que en la II Zona Militar de Guayaquil están registradas 156 compañías, con un total de 10.346 guardias; pero en la Cámara de Comercio son 260 las afiliadas. Y aún faltan las casi cien –calculadas por los consultados– que operan sin haberse constituido como empresas.

En ese marco, las irregularidades salen a flote. Actualmente se investiga con reserva a una de estas empresas por lavado de dinero y en otros casos, se denuncia testaferrismo. “Hay prestanombres en este negocio”, dice el presidente de la  Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación (Anesi), Franklin Gallegos. Mientras el ex diputado Renán Borbúa asegura que “no es el único político que tiene empresas de seguridad”. Es que la actividad se ha prestado para varias polémicas. En Pacifictel se denunció que la empresa Viproe cobraba por un número de guardias excesivo a los que en verdad trabajaban. El hecho terminó en que representantes de esta compañía acusaron ante los juzgados que fueron extorsionados para concretar los pagos; actualmente, Viproe, sin los contratos de Pacifictel, está a punto de desaparecer.

El meollo del tema político es la preferencia en los contratos. “Seguiresa es la favorita del municipio de Guayaquil”, dice  Gallegos. Aunque el representante de Seguiresa, Miguel Ángel Montalvo, lo niega, lo cierto es que de catorce sectores en los que la Fundación Municipal Guayaquil Siglo XXI contrató seguridad, en siete los vigila Seguiresa.

Esta compañía también tiene contratos con la Fundación Malecón 2000. “Solo buscamos las compañías más competentes”, explica Manuel Beltrán, gerente de la Fundación Guayaquil Siglo XXI.

Beltrán descarta que haya preferencias al momento de adjudicar un contrato, “puede existir una amistad, quién sabe. Pero eso nada tiene que ver al momento de elegir. Hacemos concursos privados en donde participan 17 empresas. Ganan las mejores”. Ese no parece ser el caso de las compañías Emseom y Sefiem, encargadas de custodiar el Cerro del Carmen y el sector regenerado de la avenida Quito.    Sus guardias se quejan por los pagos atrasados, descuentos injustificados y la nula preparación, los de Sefiem apenas llevan uniforme y un tolete para defenderse. “Hoy (viernes) recién acreditaron $ 30 a los que no habían cobrado ese dinero el mes pasado”, afirmó uno de los guardias de seguridad del cerro.  Lo que sí confirmó el gerente de la Fundación son las ganancias que generan a las compañías: por cada guardia pagan 640 dólares, lo que representaría utilidades superiores al 100%, tomando en consideración que los sueldos fluctúan de 150 a 280 dólares, en el mejor de los casos. Un pago parecido lo da la Fundación Terminal Terrestre a la empresa Seguripalma: por cien hombres cancela al mes sesenta mil dólares.

De la otra orilla, gente cercana al Gobierno también ha ganado contratos. A la compañía Deneb, de propiedad del mayor Rafael Jácome, militante de Sociedad Patriótica, en junio del 2004 le fue adjudicado un contrato por 600.000 dólares en Transelectric, que pertenece al Fondo de Solidaridad. Así, de lado y lado, continúa aumentando el número de vigilantes privados. ¿Existe el riesgo de que sean utilizados dentro de las pugnas políticas? “Espero que no, porque sería terrible”, responde Renán Borbúa, quien tiene bajo su mando a 600 hombres armados.

En el centro de todo están los guardias. Hombres y mujeres que viven, en promedio, con sueldos de doscientos veinte dólares por trabajar doce horas diarias. Personas que caen en las tentaciones, como el caso de los cinco guardias de Tevcol, que huyeron en febrero del 2002 con casi dos millones de dólares, sustraídos del carro blindado que custodiaban.

Algunos están conformes con su suerte -“nos vemos bien con uniforme”-, dijo uno, pero otros esperan algo más. Hay quien reconoce que consiguió el trabajo por “palancas” políticas, pero que recibió el ofrecimiento de un mejor oficio “menos peligroso, mejor pagado y más estable”.  Pero Samuel Parrales -herido el 11 de diciembre- no tiene esa esperanza. “Y si toca morir trabajando, me muero.
¿Qué más me queda?”.