Tras sólo cinco días de arresto domiciliario, un juez chileno otorgó este lunes la libertad bajo fianza al ex dictador Augusto Pinochet, quien es procesado por los crímenes de la llamada Operación Cóndor.
 
En todo caso, la resolución del magistrado Juan Guzmán deberá ser ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el transcurso de esta semana.
 
En caso de ser confirmado el dictamen, Pinochet, de 89 años, deberá pagar dos millones de pesos, unos 3.500 dólares, como fianza para obtener la libertad provisional.
 
Antes de conocer la resolución de Guzmán, el jefe de la defensa de Pinochet, Pablo Rodríguez, dijo que habían pedido la libertad provisional porque "es un derecho que tienen todos los chilenos".
 
Pinochet permanece bajo arresto domiciliario desde el miércoles en su casa de campo tras haber sido procesado como autor de nueve secuestros y un homicidio perpetrados en el marco de la Operación Cóndor, una red de coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras sudamericanas durante la década de 1970.
 
Bajo la dictadura de Pinochet, de 1973 a 1990, más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron a manos de las agencias de seguridad y otras 28.000 fueron torturadas, según informes oficiales.
 
Aunque los acusadores del ex general dijeron que casi no ven diferencia entre su libertad y el actual arresto en su cómoda residencia veraniega, --con piscina e iglesia, dijeron, donde "confesar sus pecados"-- anunciaron que intentarán revertir la decisión de Guzmán, pues consideran que Pinochet es un "peligro para la sociedad" y debe ser fichado en un prontuario criminal.
 
"Recuérdese que estando desaforado intentó sacar dinero de sus cuentas de los bancos y por otra parte, existen diligencias pendientes como su filiación", dijo el querellante Eduardo Contreras.   
 
Defensa desmiente todo 
El anciano militar fue acusado el lunes, en un informe de prensa, que personalmente habría intentado sacar 138 millones de pesos, unos 240.000 dólares, de una cuenta en el banco chileno Boston el pasado 24 de noviembre, pese a que, según su defensa, se encontraría con su salud mental deteriorada.
 
Esta acción habría detonado ese mismo mes el embargo de sus bienes por parte del juez Sergio Muñoz, quien investiga el origen de las controvertidas y millonarias cuentas de Pinochet en el banco Riggs, lo que, para su familia y su defensa, se ha transformado en una persecución política.
 
"Lamentamos que el ministro Muñoz esté siguiendo los mismos pasos que el ministro señor Guzmán (...) entregando a los medios de comunicación información incompleta e información que no está debidamente constatada", dijo el defensor Pablo Rodríguez.
 
"El general Pinochet no se ha movido de su casa ni ha ido al Banco Boston ni ha pedido que se le devuelvan los fondos", agregó.
 
Rodríguez también refutó que Pinochet haya usado pasaportes falsos para realizar operaciones financieras, como lo dejó entrever el mismo juez Muñoz en una resolución la semana pasada.
 
"Los pasaportes de los que se habla son pasaportes auténticos que poseía el general Pinochet por razones de seguridad y que nunca se usaron y que entregó voluntariamente su hijo Marco Antonio al ministro Muñoz con el objeto de facilitar todas las investigaciones", explicó el abogado.
 
Según un dictamen del propio juez Muñoz, Pinochet podría ser acusado de tres delitos económicos por cuentas no sólo en el Riggs sino en diversos bancos extranjeros, que llegarían a casi 16 millones de dólares.
 
Estos delitos serían malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles y declaraciones de renta maliciosamente incompletas al evadir impuestos.
 
Sin embargo, hasta ahora Muñoz no ha pedido a los tribunales superiores que se despoje a Pinochet de su inmunidad como ex gobernante para iniciar un proceso en su contra.