El caso de Gilberto Chamba, acusado de haber matado en Lérida a la española María Isabel Bascuñana, ha suscitado reacciones para cambiar una ley que le permitió anular un expediente policial en el que constaba el asesinato de ocho mujeres.

En Ecuador el derecho a limpiar por completo el registro policial de las personas no tiene apenas límites y existen agencias de abogados que se anuncian en las calles y ofrecen sus servicios para llevar a cabo los trámites oficiales requeridos.
 
Fue de esa manera como Chamba Jaramillo pudo blanquear por completo su expediente de antecedentes penales en pocas semanas y viajar a España el 23 de noviembre de 2000, apenas tres meses después de haber salido de prisión tras haber cumplido la mitad de una sentencia de 18 años por haber asesinado a ocho mujeres entre 1988 y 1993.
 
Llamado por la prensa el "Monstruo de Machala" por haber cometido todos sus crímenes en esa provincia del suroeste de Ecuador, Chamba se benefició de un indulto general extraordinario que lo puso en la calle después de cumplir tan sólo ocho años de condena.
 
En España pidió el permiso de residencia y lo obtuvo tres meses después al demostrar "arraigo social", pero a finales del pasado mes de noviembre fue detenido y acusado de estrangular en Lérida (noreste de España) a María Isabel Bascuñana, estudiante de 21 años.
 
El coronel Arturo Cevallos, jefe de la policía judicial de Machala, explicó que los antecedentes delictivos pueden borrarse en virtud del artículo 20, numeral 15 del Reglamento de la Policía Judicial, basado en el artículo 94 de la Constitución sobre el "hábeas data".
 
La normativa es tan amplia y "generosa" que no hay discriminaciones en función de la gravedad de los delitos cometidos, e incluso los beneficiarios que vuelvan a delinquir pueden acogerse de nuevo a la ley tantas veces como quieran una vez que salgan de la cárcel.
 
Paradójicamente, la única restricción que existe para ejercer el derecho a blanquear el antecedente judicial la establece el artículo 121, inciso 2 de la Constitución, para los casos de robo de fondos públicos, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

Ley debe revisarse

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El mismo magistrado que condenó a Chamba en 1993, el juez quinto de lo Penal de Machala, Óscar Solano, opinó que es necesario revisar la ley, porque su intención se ha diluido al no existir en Ecuador un proceso de rehabilitación del delincuente.
 
"Aunque una persona que cumplió una sentencia tiene derecho a reinsertarse plenamente en la sociedad, la normativa debería adecuarse a los casos de asesinos en serie y con conductas incorregibles", agregó Solano.
 
Conceptualmente, la ley ecuatoriana sobre antecedentes penales persigue preservar el derecho de los ciudadanos a poder rehacer sus vidas después de haber pagado a la sociedad por los delitos cometidos, sin riesgo de ser estigmatizados o marginados.
 
Así lo explicó Patricia Coronel, defensora adjunta del Pueblo, quien, no obstante, matizó que "deberían analizarse cuidadosamente determinados casos concretos".
 
Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), coincidió también en señalar que el problema fundamental es la falta de un sistema de rehabilitación que permita recuperar socialmente a los ex presidiarios, lo cual crea "un callejón sin salida".
 
En relación con este asunto, el comandante general de la Policía, Jorge Poveda, indicó el pasado viernes que el Estado ecuatoriano pagará los 200.000 dólares que costará enviar próximamente a España una brigada de 15 policías para entregar los certificados de antecedentes penales a sus compatriotas establecidos allí.
 
Ese es uno de los requisitos que establece el nuevo reglamento de la ley de Migración de España, que entrará pronto en vigor, pero se desconoce todavía si los certificados que se entregarán allí a los ecuatorianos son los originales o los "blanqueados" posteriormente.
 
Cifras oficiales estiman en 175.000 los ecuatorianos que viven legalmente en España, y en 200.000 los que residen de forma ilegal, si bien otras fuentes calculan que éstos últimos pueden llegar a ser más de 400.000.