El gobierno de Perú aplicará “mano dura” y perseguirá a los dirigentes aún en libertad del movimiento ultranacionalista Etnocacerista, que hasta el martes protagonizó una rebelión de cuatro días en la región sur andina de Andahuaylas.

El presidente Alejandro Toledo anunció que pedirá a la justicia que aplique un castigo ejemplar a los ultranacionalistas, a los que consideró “fascistas y terroristas” y que el Estado ubicará y detendrá a los dirigentes del movimiento Etnocacerista que aún estén en libertad.

Ayer, diarios peruanos informaron que Antauro Humala, cabecilla de la toma de la comisaría de la ciudad peruana de Andahuaylas, no fue capturado sino que negoció su entrega con el director de la Policía del país, Félix Murazzo, al ver que se complicaba una salida pacífica.

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Humala fue trasladado a Lima y se encuentra detenido en la sede de la policía antiterrorista.

El jefe del gabinete, Carlos Ferrero, y los ministros del Interior, Javier Reátegui, y de Defensa, Roberto Chiabra, fueron llamados al Congreso el próximo lunes para informar sobre los sucesos y explicar la actuación del gobierno.

En el Congreso también se debatirá la acusación de terrorista del presidente Toledo contra el Movimiento Etnocacerista.

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El presidente del Congreso, Antero Flores Araoz, dijo que los delitos de Humala son múltiples, pero no pueden ser tipificados como terrorismo sino como rebelión, pero el premier Ferrero dijo que el asalto fue una acción terrorista pues los etnocaceristas “crearon pánico en la población desafiando al estado de derecho con su prédica racista y su posición de fusilar a quienes se opongan”.