Los industriales acudirán ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para presentar un reclamo  por la aplicación del mecanismo de la duda razonable, que utiliza la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).

Este sistema, vigente desde abril del año anterior, permite a la CAE retener una carga si estima que hay subvaloración (precio inferior) de la mercancía, y así fijar un periodo para que el importador justifique lo declarado ante la Aduana.

Alberto Dassum, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), señaló ayer que enviarán una carta a la ministra de Comercio, Ivonne Baki, para que se busque una audiencia y exponer el caso ante la CAN.

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El gremio industrial presentó ayer nuevos alegatos a la ejecución de la duda razonable, que para la administración de la CAE se sustenta en regulaciones de la CAN y la Organización de Comercio Mundial (OMC).

Una encuesta realizada entre 77 industrias y difundida por la CIG  indica que el 85% de las empresas, cuyas importaciones fueron sometidas a duda razonable, “han sufrido retrasos en su producción y el encarecimiento en el costo de las mercancías importadas de hasta el 33%”.

Juan Reinoso, gerente general de la CAE, no quiso pronunciarse ayer sobre el tema.

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Dassum, quien calificó de “sin sentido” la aplicación del sistema de duda razonable, dijo que  ya existe un pronunciamiento previo de la Secretaría General de la CAN.

Dicho criterio sostiene que se establecerá un procedimiento de verificación ex post (después de la desaduanización de la mercancía) una vez que la administración aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.

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Pero, según Dassum, se están realizando “procedimientos abusivos”.

Ayer, la  CIG también mostró su preocupación porque, ante la ejecución de la duda razonable, no se establece cuál será el costo que los importadores deben registrar en su contabilidad para los productos sometidos al sistema. Dichos costos tendrán influencia en las declaraciones de Impuesto a la Renta, según el gremio industrial.