Los nombramientos efectuados por la mayoría del Congreso, afines al Gobierno, a los tribunales constitucionales, Supremo Electoral y Corte Suprema de Justicia, si bien es verdad son inconstitucionales e ilegales, no es menos cierto era necesario para que dichos tribunales no sigan siendo manipulados y controlados por los que tenían sumido al país en la miseria y la desocupación, quienes se beneficiaban en sus intereses económicos y políticos, en perjuicio del pueblo. Esta cúpula basada en su prepotencia y poderío económico, se permitía seleccionar personas allegadas a ellos, para hacerlos nombrar en los tribunales antes mencionados, especialmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cortes superiores y jueces inferiores, principalmente de Quito y Guayaquil, para que cumplan consignas económicas y políticas, solamente con llamadas telefónicas o por emisarios, bajo amenazas de no cumplir con sus órdenes o exigencias, destituirlos, enjuiciarlos o no volverlos a hacer reelegir y lo que es peor, solaparles y protegerles sus corrupciones y deficiencias. Es verdad también que en la Corte Suprema actual, ciertos magistrados pertenecen a partidos políticos, pero por lo menos son equitativos, es decir que no hay un partido con mayoría.
Conclusión: Para rectificar este entuerto jurídico y constitucional, la única salida es: Llamar a consulta popular, para que sea el pueblo como juez supremo quien dirima esta crisis política.
Es conveniente que cuando el Presidente de la República remita el proyecto de reforma a la Constitución, ante el Congreso, también debería incluir reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, en la siguiente forma:
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Que los magistrados de la Corte Suprema sean nombrados por la sociedad civil y las universidades.
Que sean nombrados solo para cuatro años, y no vitalicios, al igual que las cortes superiores y jueces inferiores.
Que la Corte Suprema de Justicia sea fiscalizada y llamada a juicio político, en caso de cometer alguna irregularidad, como era antes.
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Que ningún magistrado o juez sea afiliado a partido político, y que los empleados judiciales sean rotativos en diferentes judicaturas donde prestan sus servicios, cada cuatro años, como era antes.
Zonia Vélez Alcívar
Guayaquil