La ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, aseguró esta mañana que durante los 10 meses de su gestión hizo “todo lo posible” para que las deudas de las carteras vencidas de los bancos cerrados no prescriban.

Salgado, en declaraciones para Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), denunció que en marzo del 2003, cuando asumió la Gerencia de la AGD, se dio cuenta de que durante cuatro años las anteriores administraciones no trabajaron para que las deudas no caduquen, una vez que los documentos fueron suscritos en 1999. Sin embargo, la lista de deudores fue publicada en mayo del 2003 y se realizó la respectiva cita el 24 de ese mes y año, aseguró.

El objetivo durante su gestión era hacer un buen trabajo. Por ello, señaló, su equipo tuvo que luchar contra la presión de organismos como la Contraloría General, en donde “se atrincheraron los deudores”. Este organismo “llenó de un sinnúmero de preguntas a cada departamento de la AGD, con la finalidad de que estén ocupados en responder los cuestionarios, en lugar de hacer lo que teníamos que hacer, que era cobrar las deudas de los bancos cerrados”, reveló, como parte de un libro que publica en que menciona toda su gestión.

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La ex Gerenta dijo que uno de los méritos de su administración fue investigar dónde los deudores colocaron los bienes que compraron con el dinero de los depositantes y los que les proveyó el Banco Central del Ecuador (BCE).

Además, recordó que los deudores son personas vinculadas a los bancos cerrada porque los préstamos que estos otorgaron fueron a compañías de sus propios ex accionistas. Por ello, señaló que no basta con decir que se va a cobrar a los morosos, sino que ello demanda una investigación que determine dónde están los fondos.

La Casa del Jabonero, es el nombre del libro que ha publicado Salgado, y en el que, según aseguró, demuestra que las acusaciones de la Contraloría no tienen sustento, y que ella fue blanco de presiones del Partido Social Cristiano (PSC).

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La presión fue ejecutada, según la funcionaria, directamente por cinco diputados socialcristianos, aunque solo proporcionó la identidad del ahora diputado independiente Patricio Dávila.

Los legisladores visitaron el despacho del abogado de coactivas que trabajó en la AGD en dicha administración, Bolívar González, a quien le propusieron que su Gerenta aceptara 5 millones de dólares a cambio de que aceptara el fideicomiso El Descanso, cuenta la ex funcionaria. De esta manera, indicó que los diputados pretendían que se cancelara una deuda por $ 35 millones con terrenos que eran propiedad de un grupo de comuneros de Santa Elena y no de los deudores, y que estaban valorados por $100 mil.