LFC insinúa que la defensa de Noboa pactó con gobierno

Febres-Cordero sostuvo ayer que hubo una reunión entre Ricardo Noboa y el presidente de la República. En el Ejecutivo se negó tal encuentro, mientras Gustavo Noboa insistió en que es un perseguido político.

El diputado socialcristiano León Febres-Cordero insinuó ayer que hubo un acuerdo entre la defensa del ex presidente Gustavo Noboa, y el gobierno de Lucio Gutiérrez, para que la fiscal Ana María Crespo solicite el archivo de uno de los juicios contra Noboa.

Febres-Cordero afirmó que hubo una reunión entre Gutiérrez y Ricardo Noboa,  ex presidente del Conam, hecho que fue desmentido por el ex funcionario. También fue negado por el asesor de la Presidencia, Óscar Ayerve.

Ricardo Noboa afirmó que  la Fiscal pidió el archivo de la causa contra su hermano Gustavo,  porque no había pruebas que reflejen un perjuicio al Estado.

No soy salvadora del ex mandatario Gustavo Noboa.
Cumplí con mi deber de emitir el pedido de desestimación en el caso que indagaba un presunto perjuicio al Estado de 9.000 millones de dólares por la renegociación de la deuda externa”, aseveró la fiscal Ana María Crespo.

El caso se inició en marzo del 2003 por denuncia del diputado del Partido Social Cristiano (PSC) y ex presidente de la República, León Febres-Cordero.

La fiscal, integrante de la Unidad de Investigaciones financieras del Ministerio Público, explicó ayer que su pedido no liberó a Noboa de su responsabilidad en los juicios que se tramitan por el presunto pago ilegal de honorarios a la empresa Salomon Smith Barney y la renegociación de los bonos globales.

Por estas causas, pendientes de trámite desde febrero pasado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo el ex Jefe de Estado, no podrá regresar al país. Si lo hace tendrá que ir a la cárcel. En ambos casos tiene orden de prisión preventiva.

Precisamente Noboa, desde  República Dominicana, defendió su gestión, se declaró inocente y perseguido  político. “No depende mi regreso al Ecuador de que se levante una orden de detención, depende de que yo, en un momento dado, vea que tengo garantías para poder regresar a mi país”, puntualizó durante una entrevista en Teleamazonas.

Según el expediente del juicio, que se encuentra en las manos de la jueza 2ª de lo Penal de Pichincha, Ángela Sarmiento, la causa llegó al despacho de Crespo el pasado 10 de diciembre, por disposición de la fiscal general Mariana Yépez, quien manejó el proceso por 18 meses, pero ordenó remitirlo en vista de que no había acusados.

Por esto, dijo Crespo, el Código de Procedimiento Penal faculta a los fiscales a actuar de ese modo (pedir desestimación) cuando no encuentran nuevos elementos que les hagan presumir el cometimiento de una infracción penal. Mas, cuando la Contraloría, en su informe de auditoría, estableció que la responsabilidad penal es por los hechos en los cuales ya se iniciaron dos instrucciones fiscales; pero no determinó otra infracción.

Ahora, dijo la fiscal, le corresponderá a la jueza definir si acoge o no su pedido de desestimación y, de ser el caso, mandar a consulta al ministro fiscal distrital de Pichincha, Washington Pesantes, para que resuelva si es procedente.
“Lo que hice fue simplemente el criterio de una parte de la Fiscalía que puede ser consultado y modificado por el superior”, señaló.

Mientras tanto, ayer en Carondelet no se produjo un pronunciamiento oficial sobre el tema. Se explicó que al ser un caso que se ventila en los ámbitos judiciales, al Gobierno no le corresponde expresar criterios sobre el mismo.

Sin embargo, sí se negó la versión de Febres-Cordero, quien insinuó que la orden de archivar el proceso contra Gustavo Noboa sería resultado de una reunión que habrían mantenido el hermano de este, Ricardo Noboa, y el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez.

Óscar Ayerve, asesor político del Mandatario, manifestó desconocer que esa cita se haya mantenido y afirmó que lo único que aspira el régimen en cualquier proceso judicial es que las decisiones que se adopten sean pegadas al derecho y a la Constitución.