La industria petrolera, sin los incentivos para la inversión

La industria petrolera del Ecuador muestra una importante falta de inversión debido a que las empresas públicas y privadas que se dedican a esa actividad no encuentran las condiciones económicas, fiscales y legales que generen confianza entre los potenciales inversionistas. Esta es una de las conclusiones a las que llegó la firma Gaffney, Cline & Associates, Inc.

Esta firma es la encargada de realizar una evaluación económica, financiera y ambiental de las operaciones que realiza la empresa estatal Petroecuador.

Esa situación, indica la firma, repercute en la capacidad de generar ingresos fiscales, sobre todo por el lado de la empresa estatal, que además provoca carencia de fondos para atender rezagos en la remediación de pasivos (ambiental) existentes.

La falta de inversión impidió que, en los últimos cuatro años, Petroecuador transfiera unos 700 millones de dólares al fisco, eso porque su producción de crudo se redujo en el 6,1% anual.

Según consta en el informe correspondiente a la primera fase de la evaluación realizada, el sector petrolero es de gran importancia en la economía ecuatoriana, pues contribuye con alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 20% de los ingresos estatales.

Además, el crudo y sus derivados han contribuido con el 40%, en promedio, de los ingresos que se obtienen por las exportaciones totales.

Crecimiento
Entre los años 1999 y el 2001, el sector petróleo se caracterizó por tener un crecimiento sostenido –refiere el documento–, especialmente porque las compañías privadas incorporaron a la producción nacional la extracción del crudo pesado, mientras que el crudo liviano de la estatal ha disminuido desde mediados de la década pasada.

Sin embargo, el incremento en la producción y el volumen de reservas probadas existentes en el subsuelo no son aprovechadas por la estatal.

En el país, exploran y explotan hidrocarburos, Petroecuador y más de una docena de compañías extranjeras.

La mayor cantidad de campos, los más grandes y los más productivos están administrados por el Estado; el próximo año se tiene previsto licitar algunos de ellos, los primeros serán los administrados directamente por la estatal.

La auditora recomienda

Mejorar el manejo de la información. El Banco Central, los ministerios de Economía y   de Energía y  Petroecuador no tienen una base de datos común, “lo que impide una evaluación ágil y transparente del desempeño del sector”.

Definir una política transparente de distribución de renta petrolera con la participación de las regiones, municipios y comunidades  afectadas por la explotación  de  hidrocarburos, utilizando criterios de equidad social y sustentabilidad.

Cuantificar los pasivos (daños) ambientales y elaborar un plan de remediación identificando responsabilidades y la fuente de los fondos para esa recuperación de la naturaleza.

Eliminar el subsidio a los combustibles.

Resolver el problema legal  entre las petroleras privadas y el Estado, y que surgió por la retención del IVA.

Crear una agencia independiente de Petroecuador que se encargue de atraer  inversión privada.

Buscar un consenso para que Petroecuador se transforme en una empresa comercial y deje de ser el centro de costos (caja chica) del presupuesto fiscal del país; eso facilitará una planificación a largo plazo.

Limitar el portafolio de activos que operará Petroecuador, pues los montos de inversión   “son insuficientes para el cabal aprovechamiento de los activos de la empresa”.

Desincorporar de la estatal, la comercialización (venta interna) de combustibles.

Cerrar la refinería La Libertad y buscar coinversión privada en la de Esmeraldas para mejorar su configuración.