Durante el 2004 llegaron al Departamento Médico Legal de la Policía 1.129 cadáveres.

Son las 06h15 del viernes, 17 de diciembre del 2004. Paula Véliz de De Mena, de 56 años, llegó a la morgue del Departamento Médico Legal de la Policía Nacional de Guayaquil, ubicado en la calle Primera de la ciudadela Modelo (atrás del hospital de la Policía) para retirar el cadáver de su hija, Jéssica Ganchoso Véliz (25 años), quien murió de un disparo en la cabeza cuando supuestamente intentara asaltar un bus de la Cooperativa Libertad Peninsular, dos días antes.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 06h00, en la avenida Juan Tanca Marengo, cerca del colegio Americano (en el norte de la ciudad), cuando Ganchoso y su compañero, Arturo Freddy Salinas Pérez, sacaron sus armas de fuego (una calibre 38 nacional con dos cartuchos y una pistola calibre 9 milímetros Piettro Bereta italiana con seis cartuchos) y amedrentaron a los ocupantes del vehículo, luego de lo cual un pasajero del bus, aún no identificado, les disparó y los mató en el instante.

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Junto a dos de sus hijos, Véliz esperó más de tres horas para que los médicos del Departamento realicen la autopsia del cuerpo de su hija, y poder llevárselo a su natal Yaguachi para enterrarlo en una bóveda familiar.

Ella no conocía los trámites legales que se realizan para retirarla de la morgue. El doctor Juan Montenegro, jefe de Medicina Legal de la Policía, le explicó que necesita presentar la copia de su cédula de ciudadanía, como familiar del cadáver, y esperar a que la Fiscalía autorice su salida, ya que Ganchoso falleció en un hecho sospechoso. A las 11h30 de ese día, Paula Véliz regresó a Yaguachi con el ataúd de su hija y un certificado de defunción, entregado por el médico, entre sus manos.

Según el Código de Procedimiento Penal, las autopsias no tienen ningún costo y son obligatorias en casos de muertes violentas (homicidios, suicidios y accidentes), súbitas, naturales (con o sin tratamiento médico ocurridas en circunstancias sospechosas), de madres con abortos sospechosos de ser provocados, de personas detenidas en centros de reclusión o en contra de quien exista litigio por riesgo profesional y a los cadáveres que serán inhumanos en el extranjero.

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La autopsia no es necesaria en casos en los que una persona haya fallecido a causa de una enfermedad debidamente comprobada por las autoridades competentes.

El mayor Enrique Espinosa de los Monteros, jefe de Criminalística de la Policía Judicial del Guayas, sostiene que la autopsia es indispensable para conocer la hora y las circunstancias de la muerte de una persona con el fin de “quitarnos las dudas que puede haber sobre su fallecimiento. Es imposible que las autoridades no la realicen porque es un requisito legal que nadie puede soslayar”.

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Espinosa recuerda que, una ocasión, una persona influyente de nacionalidad china llegó a la morgue junto al cónsul de ese país a retirar el cadáver de un familiar que fue asesinado de una puñalada.

“Insistió varias veces en que no se le haga la autopsia, pero le explicamos que era necesario. Luego de eso, varias personas entraron a la sala de necropsia y le maquillaron y vistieron de acuerdo con sus creencias y cultura”, dice.

Otra entidad que realiza autopsias es el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Guayaquil, conocido como morgue de Tránsito y ubicado en la calle Morán de Butrón (atrás del Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce), donde se trasladan a los cuerpos de personas que mueren en accidentes de tránsito.

Aquí, las autopsias cuestan 20 dólares para los mayores de nueve años y 10 para los de menor edad y deben ser depositados en la cuenta del Banco Bolivariano a nombre de la Universidad de Guayaquil.

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