Centroamérica se vio sacudida en el 2004 por la corrupción, pues una notable oleada de escándalos afectó a todos los países, desde Guatemala hasta Panamá, e incluso tocó a organismos y empresas transnacionales.
El caso más emblemático fue Costa Rica donde, con la llegada del nuevo fiscal general, Francisco Dall’Anesse, en diciembre del 2003 se destaparon varios escándalos que mantienen a dos ex presidentes en prisión preventiva.
Uno de estos ex mandatarios, Miguel Ángel Rodríguez, renunció al cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos.
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Rodríguez, que gobernó entre 1998 y 2002, se encuentra bajo arresto domiciliario, acusado de recibir millonarios sobornos de parte de la transnacional francesa Alcatel, del Gobierno de Taiwan y de la compañía española Inabensa.
Otro ex presidente, Rafael Ángel Calderón (1990-1994), ha sido imputado por la Fiscalía en el pago de “comisiones” por un préstamo de 39 millones de dólares del Gobierno de Finlandia a la Caja Costarricense de Seguro Social.
En El Salvador, el ex presidente Francisco Flores (1999-2004), quien aspira a sustituir a Rodríguez en la Secretaría General de la OEA, también ha sido acusado por el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) de haber usado una partida secreta de 136 millones de dólares de fondos públicos, cuyo destino se desconoce.
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Al mismo tiempo, el Congreso de Nicaragua analiza una solicitud de la Contraloría General de destituir al presidente Enrique Bolaños por negarse a explicar el origen y el destino de más de 300.000 dólares recibidos durante su campaña electoral de 2001, supuestamente contribuciones ilegales.
En ese mismo país, el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, permanece desde el pasado 3 de diciembre bajo arresto domiciliario tras ser absuelto de uno de los cargos de corrupción que pesaban en su contra por desvío de fondos públicos en el 2002.
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Pero Alemán debe cumplir una condena de 20 años por lavado de dinero y delitos conexos de corrupción.
En Guatemala, el ex vicepresidente Francisco Reyes (2000-2004) está en prisión desde julio pasado, acusado de pretender apropiarse de un terreno del Patronato Antialcohólico.
Mientras tanto, el ex presidente Alfonso Portillo, quien se halla autoexiliado en México, es investigado por la presunta transferencia de unos 3,7 millones de dólares de fondos públicos a cuentas privadas en el exterior.
En Honduras, la Asociación de Fiscales se declaró “avergonzada” por la decisión de la Fiscalía de suspender el proceso contra el ex presidente Rafael Callejas (1990-94).
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Callejas ha enfrentado un largo proceso por el desvío de 20 millones de dólares a cuentas personales de un fondo para subsidiar a los consumidores de petróleo y por la venta de maquinaria del Estado a precios subvaluados a los allegados a su gobierno.
El ex mandatario fue absuelto en varias instancias judiciales y el caso estaba listo para ser conocido por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, pero, sorpresivamente, el Ministerio Público desistió de la acusación.
En Panamá, el gobierno de Martín Torrijos, que asumió el pasado 1 de septiembre, se ha abocado a revertir la decisión de la ex presidenta Mireya Moscoso (2000-2004) de exonerar a la empresa china Hutchinson Wampoa –que administra los dos principales puertos del país– del pago de 22,2 millones de dólares anuales al Estado, más 10% de sus ganancias.
Además, Moscoso está siendo investigada por el uso de partidas secretas durante su mandato y el destino de 45 millones de dólares donados por el Gobierno de Taiwan.