Los magistrados pusieron en ejecución una estrategia para afianzar la legitimidad de sus designaciones y frenar las intenciones de los ministros cesados, que promueven una queja ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Quito, a fin de que se suspenda en el ejercicio de la profesión a sus sucesores.

Ayer, 22 de los 31 magistrados, electos por la mayoría afín al Gobierno en el Congreso, nombraron como su defensor, en ese caso, a Fabián Guido Flores. Ellos se reunieron en forma reservada en el despacho del presidente de la CSJ, Ramón Rodríguez.

Con Flores, los ministros redactaron la respuesta institucional de la CSJ, respecto de la queja, pues resolvieron no dar una contestación individual, pese a que fueron notificados independientemente.

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Según el ministro Efrén de la Torre, la demanda constituye una “mamarrachada que carece de fundamentos jurídicos y que proviene de gente que no tiene competencia para haberla planteado”.

Carlos Pozo también sostuvo que los ex integrantes de la CSJ han promovido la desobediencia de los fallos de actuales ministros, atentando así contra la seguridad interna del Estado, lo que está sancionado en el Código Penal.

Al finalizar la reunión, algunos de los magistrados, entre ellos, Pozo conversó con el ex diputado Leonidas Plaza Sommers (PRE), que hacía antesala en el despacho de la presidencia. Plaza colaboró con el gobierno de Abdalá Bucaram, fue descalificado por el Congreso por un presunto mal manejo del programa Leche Abdalac.

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Pese a que no quiso pronunciarse sobre la reorganización de la CSJ, la fiscal general, Mariana Yépez, afirmó que ella fue parte de la Corte cesada. “Fui nombrada por colegios electorales, en conjunto con ellos (los ex ministros)”.

Informó que, por esta causa, recopila información de la denuncia que planteó el jurista Ramiro Aguilar, por el delito de arrogación de funciones de los actuales ministros.

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Jueces cesados
Mientras tanto, los magistrados cesados por el Congreso, el pasado 8 de diciembre, demandarán al Estado ante la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los primeros días del próximo año.

Arturo Donoso, juez de la denominada “Corte del 97”, informó que el documento en el que se denuncia que en Ecuador se nombró una nueva CSJ, violando la Constitución, fue revisada ayer por 20 de los ex magistrados, y será entregada por una comisión de abogados.

Sobre la queja interpuesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Donoso dijo que ese reclamo fue realizado por las asociaciones y estudiantes de Derecho de las universidades del país.