Además de las denuncias de torturas y abusos a prisioneros, el ejército estadounidense es acusado por la American Civil Liberties Union (ACLU), la mayor organización de EE.UU. para la defensa de derechos civiles, de obstruir investigaciones sobre iraquíes muertos en cárceles de Iraq.

Día tras día, los militares estadounidenses se ven obligados a hacer nuevas revelaciones de torturas a prisioneros, lo que hace pensar que el escándalo mundial sobre la prisión iraquí de Abu Ghraib es solo la parte visible de un problema generalizado.

Gracias a la ley que protege en EE.UU. la libertad de información, la ACLU descubrió en documentos del Ejército que, en abril del 2003 en la cárcel iraquí de Camp Bucca, dos soldados ejecutaron la orden de matar a Yasiree Ahmes Al Haddii, un prisionero de guerra acusado de intento de homicidio y de motín.

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Cinco meses más tarde, en Tikrit, al norte de Bagdad, un soldado fue dado de baja incluso antes de iniciar la investigación formal sobre la muerte, el 11 de septiembre del 2003, del prisionero iraquí Obed Hethere Radad.

Otro incidente fue el fallecimiento de Abdureda Lafta Abdul Kareem, un iraquí de 44 años arrestado en Mosul el 5 de diciembre del 2003 y muerto cuatro días más tarde. Funcionarios anularon la solicitud de una autopsia y no realizaron ninguna investigación.

Entre otros delitos, el Ejército reveló que en junio del 2003, siete soldados habrían golpeado a un iraquí hasta partirle la mandíbula.

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También fueron divulgados más detalles del escándalo de Abu Ghraib: un policía militar declaró que los soldados concursaban para ver quién de ellos lograba que su perro hiciera orinarse de miedo al mayor número de prisioneros.

La organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW) exigió al presidente George W. Bush, que explique si autorizó métodos ilegales de interrogatorios en Iraq y en Guantánamo.