El 22 de junio pasado, las Cámaras de la Producción, la Junta Cívica y el Municipio de Guayaquil suscribieron un acuerdo con el Gobierno para comprometerlo a reducir el precio de la energía eléctrica, eliminar las pérdidas de las distribuidoras, incentivar la inversión en el sector hidroeléctrico  y lograr una mayor generación y que sea más barata.

Estos temas, que constan en un acta-compromiso, debían resolverse hasta finales de julio, pero no ocurrió. El Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) informó en agosto, que se requería más tiempo y que temas como la reducción del porcentaje que entregan las industrias al Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal (Ferum), dependía del Congreso Nacional.

En septiembre, 50 días después de vencido el plazo, el sector guayaquileño inició un juicio contra el presidente del Conelec, Rubén Barreno.

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El juicio se instauró y se dictó una orden de prisión contra él, aunque luego fue cambiada por otra medida. El rechazo del Congreso, a una Ley Orgánica del Sector Eléctrico, agravó la pugna.