País está politizado II

El 13 de octubre pasado, el presidente Lucio Gutiérrez firmó un decreto que declara a la producción hidrocarburífera nacional como política de Estado con cuatro metas definidas. Aplicar medidas para mantener la relación entre las reservas y la producción de crudo con proyecciones a 25 años; sustituir la condición de importador por explotador petrolero; incentivar el desarrollo científico y tecnológico del sector, y mantener limpio el medio ambiente.

Lo hizo después de 21 meses de haber asumido el poder, lo que demuestra que desde el inicio de su mandato no trabajó dentro de un marco de proyecciones y ejecuciones para el sector energético. Obviamente, los resultados están a la vista: han desfilado dos ministros de Energía, cuatro  gerentes de Petroecuador y un director de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), cada uno adoptando medidas parciales sin el debido respaldo de una política petrolera vigorosa.

Primero entregó al coronel Carlos Arboleda el manejo de un ministerio clave. Polémico, un tanto empeñoso, pero sin experiencia en el manejo de la actividad petrolera; su gestión de 16 meses fue abiertamente cuestionada por sus magros resultados. Su reemplazo, el ingeniero comercial Eduardo López, hombre de confianza del Mandatario que durante estos ocho meses ha tratado de guiar un ente que la improvisación y el muñequeo político han desprestigiado.

En Petroecuador (incluyendo todas sus filiales), empresa estatal más importante del Ecuador, la situación es realmente preocupante. Los cuatro funcionarios que han ocupado estos cargos no  han cumplido el objetivo. La institución se debate en medio de prebendas y privilegios: mientras las compañías extranjeras aumentan su producción, la estatal baja; el exceso de personal, la injerencia política, la existencia de proveedores fantasma, la sospechosa contratación de seguros, la poca inversión pública y privada es evidente. Se la maneja con criterio de tienda de barrio y es la muestra palpable de la inestabilidad.

La DNH, con un director desde el inicio del Gobierno, mantiene un perfil bajo, casi nunca aparece en la prensa. Esta institución es de vital importancia porque ajusta los cálculos de la producción y reservas petroleras, fija la curva base de los campos a licitar, debe controlar la fuga y robo de los derivados (gas, gasolina, diésel, etcétera), controla a las empresas extranjeras que cumplan las cláusulas de los contratos petroleros.  ¿Y los resultados dónde están?

La política petrolera del país no se la realiza por medio de decretos ejecutivos sino mediante las acciones y decisiones relevantes que deben reflejarse en una producción petrolera ascendente, licitaciones bien hechas, generación de confianza en el sector privado para invertir, control al contrabando de derivados, construcción de infraestructura petrolera para dejar de importar derivados, que el castigo del diferencial en el precio del crudo sea menor, etcétera, y fundamentalmente, el manejo de la cosa pública debe ser honesto y con rendición de cuentas a los propietarios del petróleo: los ecuatorianos.

Enrique Rosales Ortega
Guayaquil

Con el propósito de asimilarlos a la calidad de vitalicios a los principales funcionarios judiciales, la ex Corte Suprema de Justicia emitió una resolución, vigente hasta hoy, que aparece publicada en la Gaceta Judicial Nº 1820 de septiembre a diciembre del 2001,  que expresa:

Art. 1.- Los ministros de las cortes superiores y tribunales distritales, jueces de los tribunales penales y jueces, notarios y registradores, que ingresaron a la Función Judicial mediante concurso de merecimientos y oposición y han desempeñado sus funciones con honestidad, idoneidad y capacidad, continuarán en el ejercicio de las mismas.

También se viola el art. 173 de la Ley Orgánica de la Función Judicial que expresa:

Los magistrados de las cortes superiores y los jueces y fiscales de la república durarán cuatro años en el ejercicio del cargo, podrán ser reelegidos indefinidamente y tendrán su respectivo conjuez o suplente.

Esto demuestra a la opinión pública que, salvo honrosas excepciones, los ministros jueces cesantes han violado reiteradamente la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Judicial. Corresponde a la nueva Corte Suprema de Justicia derogar esta resolución para proceder a renovar a los ya citados funcionarios, cuyos periodos ya están vencidos con exceso.

Dr. Alberto Avellán Zerega
Guayaquil