El periodismo de un país es gran testigo de los avatares que les toca vivir a sus habitantes. Día tras día, los órganos de comunicación social actúan como termómetros de la vida democrática de los ciudadanos e instituciones. En ocasiones, incluso deben asumir la dura y difícil calidad de testigos de cargo.
Cada edición informativa constituye un resumen de los asuntos del hombre multitud. En este final de año, por ejemplo, concita el interés, la pasión y el desasosiego populares la grave crisis jurídica que afecta a las instituciones rectoras del orden y el Derecho.

Cómo será de seria la situación que uno de sus mandatarios ha expresado el temor de que al Ecuador “se lo lleve el diablo”.

Situación tan irregular no puede proseguir. Se ha intervenido la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Supremo Electoral. Ahora el presidente Lucio Gutiérrez anuncia el envío al Congreso de una total reforma de los estatutos que rigen al Estado. Es menester dejar de lado el tirijala de la politiquería y rescatar las entidades que velan por la correcta y armoniosa vida estatal.

En ese gran muestrario del sentir popular que son los medios de comunicación social, coinciden los ciudadanos de todas las clases y condiciones en que debe restaurarse el Poder Judicial en los parámetros de legalidad y honestidad, para bien de los ecuatorianos.

En su edición del 15 de diciembre, EL UNIVERSO publica un especial de dos páginas consagradas al presente problema, bajo el título ‘Crisis judicial espera respuestas’. Un grupo de juristas que escriben en esta página editorial analiza una tarea muy difícil, aunque no imposible. “¿Qué se puede hacer?”, se pregunta Nicolás Parducci, y se responde: “Deshacer lo realizado. ¿Cómo? Logrando que el Congreso Nacional derogue sus referidas resoluciones, para lo cual debería ser convocado un nuevo periodo extraordinario de sesiones, esta vez por el Presidente del Congreso, según lo prescrito en el artículo 133 de la Constitución”.  Aclara Parducci que lo pretendido es que de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, siguiendo el mismo trámite que para su aprobación, el Congreso Nacional derogue sus propias cuestionadas resoluciones.

Similares altura y hondura tienen los demás criterios expuestos por los jurisconsultos periodistas, que coinciden en la búsqueda de soluciones que permitan al Ecuador el rescate de los senderos constitucionales.