La práctica del fútbol profesional (como la de casi todos los demás deportes) no es una actividad exclusivamente privada. Aunque su organización y funcionamiento sean en parte autónomos, se financia en buena medida con impuestos y exoneraciones que los pagamos todos los ciudadanos.

Todo lo que se relaciona con el fútbol, por ende, debe estar regido por el objetivo del bien común y no por el afán de lucro.

Asimismo, el fútbol no es un entretenimiento cualquiera sino el que concentra el interés casi absoluto de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Restringir su difusión de manera drástica, como ocurrirá si prospera el proyecto del canal de fútbol por cable, conducirá a que decenas de miles de personas no tengan acceso al espectáculo que despierta su mayor o quizás único interés, lo que en términos sociales será una manera de rebajarles su calidad de vida.

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Se ha dicho que la resolución que autoriza el canal de cable fue tomada estrictamente dentro de un marco legal. Desconocemos los detalles, pero nos preguntamos cómo puede estar apegada a las leyes del deporte una resolución que atenta abiertamente contra su difusión y desarrollo masivo entre los ecuatorianos.