El coronel Lucio Gutiérrez está en vías de completar lo que inició el 21 de enero del año 2000. Aquella ocasión se valió del instrumento clásico y efectivo que ha sido el golpe de Estado, inviable en las actuales condiciones no por antiguo sino por el rechazo que provoca en el contexto internacional. En lo interno encontró apoyo de organizaciones populares que nunca valoraron todo lo que obtuvieron con los procedimientos democráticos. Incluso analistas trasnochados lo justificaron en nombre de la rebelión popular. Pero lo cierto es que el oscuro personaje no pudo siquiera llegar hasta el palacio de gobierno en calidad de dictador y terminó con sus huesos en el lugar que le correspondía. Para desgracia del país se le amnistió y, más grave aún, se le permitió participar en las elecciones a pesar de la prohibición legal. El resto de la historia es lo que estamos viviendo.

Imposibilitado de llevar adelante su programa fascistoide –expresado desde el primer día de su campaña–, que incluye una concepción corporativa de la democracia y control total de los poderes del Estado, ha recurrido a una forma alternativa. No acude al golpe pero obtiene los mismos resultados con menor costo y con mayor efectividad. Todo ha consistido en dejar ficticiamente intocado el cascarón democrático mientras derribaba el Estado de derecho.

Aparentemente se mantiene la democracia, entendida como instrumento electoral, pero ella ya no descansa sobre un marco de instituciones que se encarguen de garantizar los derechos y las libertades. Hemos arribado a lo que, con ironía y con certeza, algunos autores han calificado como democradura. Se ha constituido un orden en el que ya no rigen los procedimientos del Estado de derecho, aquellos que buscan establecer algunos grados de certidumbre en la convivencia social. Sin ellos, la democracia no es tal aunque se la siga utilizando como máscara. Pierde su carácter, aunque en su nombre se convoque a consultas populares que buscan legitimar lo ilegítimo.

La preservación de la fachada democrática puede darle muchos réditos. Uno puede venir desde el exterior, especialmente de parte del gobierno del mejor amigo que puede hacer la vista gorda frente a lo ocurrido. Otro puede originarse en la misma consulta que está proponiendo el Gobierno e incluso en las que puedan resultar de otras iniciativas, que igualmente contribuirán a legitimar a un régimen que se ha situado fuera de la ley.

Es casi imposible que esto se pueda resolver dentro de la institucionalidad vigente, ya que esta no ofrece garantías para el juego limpio. Incluso suponiendo que se pudieran recoger las firmas necesarias para convocar a una consulta popular, nada asegura que esta se pueda realizar de acuerdo con los procedimientos democráticos si el TSE está en manos del Gobierno. Además, esa consulta no podría restringirse a solucionar el problema del poder Judicial y dejar intocadas las violaciones constitucionales efectuadas en el TC y el TSE. Presencia popular activa, presión internacional y desobediencia civil configuran la única vía posible y disponible para sustituir a la democradura con democracia.