Veintiún magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cesada el pasado 8 de diciembre por el Congreso Nacional, alistaron ayer una extensa denuncia de “violación constitucional” que será enviada a la Corte Interamericana de Derecho, en San José de Costa Rica.

La denuncia será llevada por una comisión nombrada por los jueces cesados, el próximo miércoles. Según Teodoro Coello, quien dirigió las discusiones y redacción del documento, este dice que se “insiste en que el Ecuador debe retornar al régimen de derecho, ya que se ha violado la Constitución Política de la República”.

En relación con la anunciada auditoría a los magistrados cesados, el magistrado cesado Camilo Mena  dijo que quienes están “usurpando funciones no tienen autoridad moral para hacer una cosa así y si viene una autoridad internacional que venga. ¿Qué pueden ver?: el número de causas y nada más. Los fallos no son movibles”.

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Sostuvo además que si ellos (los actuales jueces) eligen al Consejo Nacional de la Judicatura, sería ilegal.

Sobre las denuncias del actual magistrado, Ramiro Román, en el sentido de que “los ex jueces José Vicente Troya, Hernán Quevedo y el ex conjuez Gustavo Durango Vela aceptaron un recurso de casación (revisión de la sentencia) y condenaron al Estado a devolver 97’369.489 dólares a la empresa Bopp del Ecuador por concepto de impuesto a la renta y al valor agregado”, Troya dijo que “no es verdad que hayamos ordenado la devolución del IVA petrolero y pueden revisar cualquier caso, ya que estamos dispuestos a dar razón de lo que hemos hecho”. “Hay que aclarar que los jueces tributarios son jueces que pueden dar razón a una parte o a la otra, según quien la tenga; los jueces tributarios no son abogados del fisco. Creer que todas las sentencias han de ser a favor de la administración (Gobierno) es absurdo. Rechazamos terminantemente toda esta cacería de brujas que se está haciendo”, agregó el juez.