En medio de todo el caudal de opiniones y análisis que se han vertido respecto del indebido relevo de la Corte Suprema de Justicia, hay un aspecto que resulta importante considerar especialmente cuando se cuestiona la intromisión política en las actuaciones y decisiones judiciales, lo que no es lo mismo –y vale la pena aclararlo– que el hecho de que los magistrados mantengan posiciones políticas e ideológicas y que en un momento dado, sus fallos sean influenciados por ellas.

Debe aclararse que la orientación político-ideológica de los magistrados y jueces es un hecho que debe preocupar cuando existe una excesiva carga, capaz de tergiversar la realidad de los hechos analizados en el proceso; más allá de aquello, cada funcionario de justicia tiene el derecho de manifestar su opción política, tal como ocurre incluso en países con sistemas legales más precisos y equilibrados.
En Estados Unidos, por ejemplo, luego de la victoria de Bush, se ha insistido en que el gobierno impulsará un cambio importante en la composición de la Corte Suprema de ese país, tratando de imprimir un corte conservador con jueces seguidores de dicha corriente ideológica; con esa integración conservadora, la Corte Suprema de los Estados Unidos manifestará una opción política que podrá ser o no discutible pero que en todo caso no estará sujeta a manoseos o presiones de otro tipo o envergadura.

Es precisamente ese punto que debe relievarse con insistencia; un magistrado, un juez puede manifestar su preferencia política, puede ser simpatizante de un partido determinado, puede ser amigo del presidente o de otros líderes políticos; lo que no puede, no debe, es trazar una relación de simpatía –afecto capaz de transformarse en premisa de obediencia– sumisión, acatando simplemente órdenes “superiores”; en ese momento, el juez se despoja de su investidura y se convierte en objeto de manejo político. Cuando se quiere hablar del verdadero drama de la justicia ecuatoriana, debemos recordar que resulta muy fácil hablar de politización de la justicia sin aclarar dónde se encuentran los verdaderos fantasmas, que de una u otra manera han estado presentes hace muchos años en nuestro sistema legal, sin que hasta ahora haya sido posible encontrar un camino alternativo que evite tales males.

En ese sentido, se pueden sugerir o impulsar muchas reformas, pero lo básico estará siempre vinculado con el factor humano, entendiéndose a este como la facultad de designar no solo a los magistrados más probos e independientes, a los más ilustrados y preparados como generalmente se pide, sino paralelamente también a los más valientes, es decir aquellos que posean las agallas de afrontar y resistir las sugerencias, los embates, los enconos y los pedidos de ayuda de cualquier político, con la misma tranquilidad y rigor como si los estuviese recibiendo de cualquier hijo de vecino. La recién designada Corte Suprema de Justicia genera el mismo sentimiento de incredulidad, precisamente porque la gente percibe que los fallos seguirán alimentándose a base de favores y temores. Si el presidente Gutiérrez, siguiendo el anhelo de mucha gente, pretendía despejar del tutelaje político a la función Judicial, debió entender que había otras vías para hacerlo, muchas de ellas amplias y fecundas. Lo que se ha tomado es un atajo que si no conduce al despeñadero, nos sitúa en el mismo lugar de partida. Qué desperdicio.